En una semana clave para el oficialismo, el Congreso se convierte en el escenario central de la pulseada política por la reforma laboral que busca mostrar resultados antes del inicio de las sesiones ordinarias.
Con la reforma laboral como prioridad absoluta, la Casa Rosada acelera las negociaciones con bloques aliados y sectores dialoguistas para garantizar un dictamen antes del 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias. El objetivo político es claro: llegar al discurso de apertura presidencial con un avance concreto en el Congreso.
La estrategia del oficialismo se centra en un dictamen de mayoría que muestre cohesión interna y capacidad de construcción de mayorías. Paralelamente, se analizan posibles concesiones puntuales en artículos sensibles para sumar voluntades sin desnaturalizar el núcleo del proyecto.
Los puntos más discutidos de la reforma
Entre los ejes que concentran mayor debate se encuentran la modificación del régimen de indemnizaciones por despido, cambios en los períodos de prueba, la regulación de nuevas formas de contratación y la flexibilización de ciertas obligaciones formales para las pymes.
También genera tensión el capítulo vinculado a la registración laboral y los incentivos para la formalización, que el Gobierno presenta como una herramienta para blanquear empleo, mientras que sectores sindicales temen un avance sobre derechos laborales consolidados.
De acuerdo a fuentes parlamentarias, el borrador en discusión incluye cláusulas para limitar la litigiosidad laboral y fomentar la resolución de conflictos por vías alternativas, algo que es bien visto por cámaras empresarias pero encuentra resistencia en algunos bloques de la oposición.
Negociaciones con la oposición y el rol de los gobernadores
La Casa Rosada trabaja sobre un delicado equilibrio: necesita mostrar firmeza en el rumbo económico y laboral, pero al mismo tiempo requiere acuerdos parlamentarios para que la reforma no naufrague en comisiones. En ese esquema, los gobernadores aparecen como actores clave.
Varios mandatarios provinciales reclaman que la discusión laboral se articule con un paquete más amplio de medidas vinculadas a la obra pública, el financiamiento educativo y la coparticipación. Sus bancadas legislativas podrían definir el margen de maniobra del Gobierno en la votación.
En paralelo, la CGT y las principales centrales sindicales siguen de cerca el proceso legislativo. No descartan nuevas medidas de fuerza si consideran que el dictamen final implica una pérdida de derechos para los trabajadores registrados.
Qué se juega antes del 1° de marzo
El Gobierno busca llegar al inicio de las sesiones ordinarias con un mensaje claro hacia los mercados y la sociedad: que existe capacidad de impulsar reformas estructurales en el Congreso. Un dictamen favorable sobre la reforma laboral sería presentado como una señal de gobernabilidad.
La oposición, en cambio, apuesta a marcar diferencias sobre los puntos más controvertidos y a condicionar el alcance de los cambios. El resultado de esta pulseada definirá no solo el futuro inmediato de la normativa laboral, sino también el clima político con el que se abrirá el nuevo año legislativo.
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