El Gobierno anunció 60 despidos en la Procuración del Tesoro e inició una investigación por “filtraciones” de información sobre YPF.
El Gobierno anunció 60 despidos en la Procuración del Tesoro tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF e iniciaron una investigación al respecto. Según anticiparon, despedirán a quienes sean individualizados como responsables de una eventual “venta de información” al fondo Burford.
De acuerdo a lo indicado en un comunicado, se trata de una “profunda reestructuración”. Lo que buscan es “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”. Todo esto, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Ésta está “orientada a consolidar una administración más ágil, moderna y efectiva”.
En este sentido, precisaron que desde la llegada de las nuevas autoridades en febrero de este año se redujo la cantidad de personal en más de un 20%. Ahora, pasarán de seis a cuatro Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
El Gobierno anunció 60 despidos en la Procuración del Tesoro
Entre los principales cambios de destacan:
- Reducción de unidades jerárquicas
- Reorganización de funciones superpuestas
- Reasignación de competencias estratégicas
“Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”, añadieron.
Finalmente, desde el organismo expresaron que, de esta manera, la Procuración del Tesoro reafirma su compromiso con “una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos”. Y concluyeron: “Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente”.
Lo que el Gobierno cree es que el personal de áreas con acceso a los expedientes en trámite, como las apelaciones ante la Justicia de Estados Unidos, envía o vende información a fondos extranjeros. “Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar”, mencionaron desde el oficialismo.
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