Con 161 pliegos de jueces y funcionarios judiciales acumulados desde el inicio de su gestión, el Gobierno envía candidatos al Senado.
En noviembre, el Gobierno apura el envío de listas de candidatos a jueces que quedaron en espera durante casi un año, ante la falta de designaciones en el sistema judicial. Bajo la tutela de Santiago Caputo, la administración ya prepara un primer envío de entre 30 y 40 nombres, aunque el listado completo sigue sujeto a ajustes de último momento. “La estrategia es mandar los pliegos y ver cómo reacciona ‘La Casta’”, señalaron desde el Ejecutivo.
Los pliegos
El movimiento incluye el envío de fiscales y defensores, aunque en menor proporción. Pero el foco está en los jueces. La demora se justifica, además, por el viaje de una delegación de senadores a Estados Unidos, invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) y otras organizaciones, para observar las elecciones presidenciales de ese país. Esta pausa reducirá la actividad legislativa hasta mediados de mes, tiempo en el cual el Gobierno continuará afinando su lista.
Sin embargo, no se contempla aún un candidato a Procurador General para reemplazar a Eduardo Casal, quien seguirá al frente del Ministerio Público Fiscal. El cargo sigue empantanado, al igual que la situación de los postulantes a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que aún no consiguen el aval para llegar a esa instancia. A pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de nombrar a estos jueces mediante un decreto, fuentes cercanas al Gobierno indican que este recurso sigue siendo improbable: “La chance es de 3 sobre 10”, deslizaron, indicando que la medida se consideraría solo en caso extremo.
Las provincias
Por su parte, los gobernadores buscan colocar a jueces en sus respectivas jurisdicciones. La Casa Rosada se enfrenta a la presión de gobernadores que buscan cubrir vacantes en sus provincias, especialmente en cámaras federales. La “lista de buena fe”, que incluye a magistrados con respaldo de asociaciones profesionales, sigue en revisión para garantizar una distribución equitativa de candidatos de las facciones Bordó, Celeste y Compromiso Judicial.
En paralelo, la situación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se complica, aunque el Ejecutivo decidió mantenerlo hasta fin de año. Su continuidad en el gabinete fue cuestionada en repetidas ocasiones debido a los éxitos legales recientes de su bufete familiar en casos resonantes, como los de la minera NRG, Madel SA, y el financiero Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”. Este último caso generó revuelo cuando la defensa de Cúneo logró la anulación de escuchas clave en la investigación.
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