Tres comisiones deliberativas analizaron el proyecto enviado por el Ejecutivo para adherir a la norma provincial que regula la actividad de los cuidacoches en el Concejo. Las diferencias en torno al alcance de las sanciones económicas y de los programas de inclusión impidieron cerrar un acuerdo definitivo.
Debate trabado y pases de factura
Los ediles del Concejo Municipal de Rosario postergaron este miércoles la definición sobre la adhesión a la ley provincial Nº 14.486 que prohíbe a los cuidacoches. Tres comisiones analizaron el proyecto impulsado por el intendente Pablo Javkin para sancionar la guarda, limpieza y lavado de vehículos en la calle. Sin embargo, los bloques decidieron continuar las deliberaciones el próximo miércoles ante la falta de consenso sobre la aplicación de multas y políticas sociales.
Durante el debate, la concejala Sabrina Prence propuso incorporar un protocolo de actuación, un registro de reincidencias y canales de denuncia en 911, 147 y Munibot. Asimismo, la legisladora planteó eximir de multas económicas a las personas sin recursos e impulsar programas de capacitación laboral junto a organizaciones sociales. Por su parte, Fabrizio Fiatti, integrante de Unidos por Rosario, solicitó estudiar el documento en detalle para equilibrar la prohibición con el abordaje social.
Cruces políticos y estadísticas de seguridad en la ciudad
La dilación legislativa provocó el fuerte reclamo del senador provincial Ciro Seisas, autor de la norma promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro. El legislador criticó en la red social X las cuatro postergaciones acumuladas desde abril y cuestionó las ausencias del concejal libertario Juan Pedro Aleart. Además, Seisas aportó datos oficiales que registran 3.453 denuncias al 911 durante el primer semestre del año por incidentes con trapitos.
Las estadísticas expuestas reflejan que las personas identificadas en esta actividad aumentaron un 85%, pasando de 754 en 2025 a 1.395 hasta septiembre. Por consiguiente, el Ejecutivo municipal busca sancionar la ordenanza antes de fin de año para coordinar operativos conjuntos entre agentes locales y policías provinciales. Así, la implementación efectiva de penas como trabajo comunitario o arresto depende ahora de la pronta aprobación en el recinto deliberativo.
