El Concejo tramita una propuesta legislativa para asistir a los acumuladores compulsivos mediante equipos multidisciplinarios del municipio. La iniciativa busca articular las áreas de salud y ambiente para sanear las viviendas de forma consensuada con los dueños.
La concejala Carolina Labayru, perteneciente al bloque Unidos, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal para establecer un abordaje integral ante casos de acumuladores compulsivos. La propuesta busca coordinar la respuesta de las áreas locales de salud, asistencia social, ambiente y gestión de riesgos cuando la acumulación excesiva genera insalubridad o peligro de incendio. De este modo, los inspectores y profesionales evaluarán cada vivienda afectada mediante indicadores concretos para acompañar a las personas involucradas y reducir los factores de vulnerabilidad.
El plan de acción prevé la articulación directa de las distintas dependencias estatales a través de los centros municipales de distrito. Asimismo, la normativa exige respetar los derechos, la intimidad y la dignidad de los vecinos, además de solicitar autorización judicial o consentimiento previo para ingresar a los inmuebles. Por consiguiente, la evacuación o limpieza del predio no constituirá una medida compulsiva aislada, sino que incluirá asistencia sanitaria continua para evitar recaídas.
Canales de denuncia y protocolos operacionales
Los ciudadanos podrán elevar sus reclamos a través de la línea 147, la plataforma MuniBot, el Perfil Digital o los efectores de salud locales. Cada presentación ingresará directamente al Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci) para determinar la urgencia del caso y asignar los equipos multidisciplinarios correspondientes. Durante los operativos de saneamiento, los agentes deberán preservar estrictamente los documentos, pertenencias y objetos de valor pertenecientes a los propietarios.
La iniciativa legislativa pasó por una reducción técnica de 31 a 8 artículos para agilizar su implementación formal en la ciudad. El Departamento Ejecutivo dispondrá de un plazo de 90 días tras su promulgación para reglamentar la norma y aprobar el protocolo operativo definitivo. En consecuencia, las autoridades buscan dotar al municipio de herramientas eficaces para proteger la salud de los afectados y resguardar la seguridad de los vecinos linderos.