Este miércoles, en el marco del juicio, la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF.
La pulseada judicial por el control de YPF, la principal petrolera argentina, entra en una etapa decisiva en los tribunales de Nueva York. Este miércoles, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito debe pronunciarse sobre el pedido de suspensión de la orden que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de la compañía. Es en cumplimiento del fallo de la jueza Loretta Preska.
Esta decisión se esperaba para el martes y mantiene en vilo al Gobierno. Podría tener consecuencias de enorme alcance para la economía y la política exterior del país.
Vale recordar que la causa se originó tras la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, el Estado argentino tomó el control mayoritario de la empresa, pero no realizó la oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, tal como exigían los estatutos de la compañía, redactados bajo ley de Nueva York. Esa omisión abrió la puerta a una demanda de los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de los antiguos accionistas minoritarios.
La Justicia de EE.UU. define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF
La jueza Preska falló en contra de la Argentina, ordenando la entrega del 51% de las acciones como forma de pago por la expropiación “mal realizada”. El monto de la condena asciende a 16.100 millones de dólares, una cifra que supera incluso el valor de mercado actual de la petrolera. Además, representa un golpe financiero de magnitud para el país.
El Gobierno argentino apeló la decisión y solicitó a la Cámara de Apelaciones que suspenda la ejecución de la transferencia mientras se resuelve el recurso. Mientras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en el expediente, apoyando la posición argentina, aunque su rol es meramente consultivo y no vinculante.
En la Casa Rosada, la expectativa es que el tribunal acepte la apelación o, al menos, habilite una solución intermedia que permita ofrecer garantías de cumplimiento sin tener que desprenderse de las acciones. Al respecto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue tajante: “Pueden dictar la orden, pero es incumplible para el Estado nacional. Para vender acciones de YPF que pertenecen al Estado, se necesita la aprobación del Congreso con mayoría especial”, advirtió.
El fallo de la Corte de Apelaciones no revierte la sentencia de Preska, sino que define si se suspende o no la entrega de las acciones mientras se tramita la apelación. De no prosperar el pedido argentino, el país quedaría en riesgo de ser declarado en desacato por la justicia estadounidense. Esto podría derivar en sanciones económicas, restricciones para operar en mercados internacionales y hasta la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Comentarios