El debate por la reforma penal que impulsa el Gobierno volvió a poner en primer plano conceptos que suelen confundirse: la baja de la edad de imputabilidad y la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.
En las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo incluyó el debate sobre la edad de imputabilidad y el diseño de un sistema de justicia penal juvenil. La discusión apunta a una reforma integral que, según estiman en la Casa Rosada, podría ponerse en marcha en 2026.
¿Qué es la edad de imputabilidad?
La edad de imputabilidad es el umbral a partir del cual una persona puede ser considerada penalmente responsable por los delitos que comete. En Argentina, el régimen vigente se apoya en la Ley 22.278, sancionada en plena dictadura, que fija en dieciséis años la edad desde la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal por delitos graves.
Por debajo de esa edad, el Estado interviene principalmente a través de los sistemas de protección de derechos, con medidas de cuidado, acompañamiento y asistencia social, pero sin aplicar penas de prisión en sentido estricto. Cambiar la edad de imputabilidad implica modificar directamente ese umbral.
¿Qué es la responsabilidad penal juvenil?
La responsabilidad penal juvenil se refiere al conjunto de reglas, procedimientos y sanciones específicas que se aplican cuando una persona menor de dieciocho años comete un delito. No se limita a fijar una edad, sino que define cómo actúa el sistema de justicia frente a esos casos.
Un régimen de justicia penal juvenil moderno suele contemplar juzgados especializados, defensores y fiscales formados en niñez y adolescencia, medidas alternativas a la cárcel, programas de reinserción educativa y laboral, y límites claros a las penas privativas de la libertad.
Organismos internacionales como UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomiendan que estos sistemas prioricen la reinserción y la no repetición del delito, antes que el castigo. La discusión argentina se alinea, en parte, con esos estándares.
Dos debates vinculados, pero no idénticos
La baja de la edad de imputabilidad se concentra en una pregunta: desde qué edad puede responder penalmente un adolescente. La responsabilidad penal juvenil, en cambio, se ocupa de diseñar todo el sistema que se aplicará una vez que esa edad esté fijada.
Por eso, especialistas en derecho de infancia advierten que no alcanza con bajar la edad si no se construye al mismo tiempo un régimen juvenil acorde a los estándares de derechos humanos, con recursos para trabajar en prevención, acompañamiento familiar y abordajes territoriales.
En el Congreso, la discusión promete estar atravesada por dos miradas: quienes insisten en endurecer las respuestas penales ante delitos cometidos por menores y quienes ponen el foco en la inclusión social, la escuela y el acceso a oportunidades como herramientas centrales para reducir la violencia.
Cómo sigue el debate hacia 2026
El Gobierno planteó como horizonte aplicar la nueva normativa en 2026, lo que abre una ventana de más de un año para acordar detalles sensibles: límites de edad, tipos de delitos alcanzados, duración máxima de las sanciones y condiciones de detención para adolescentes.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y especialistas en niñez reclaman que el Congreso encare un debate abierto y federal, que escuche las realidades de las provincias y las ciudades más afectadas por los delitos cometidos por jóvenes.
La diferencia entre bajar la edad de imputabilidad y construir un sistema de responsabilidad penal juvenil no es solo técnica: define si la reforma se limitará a endurecer penas o si avanzará hacia un modelo capaz de reducir el delito y ofrecer alternativas reales de futuro a los pibes y pibas que hoy crecen en contextos de alta vulnerabilidad.
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