“Tanto los medicamentos como los bienes de salud tienen un carácter social, donde el Estado es el responsable de garantizar su acceso, desprendiéndose de la lógica impuesta por el mercado”, dijo la diputada Drisun.
La diputada provincial Varinia Drisun, quien preside la Comisión de Salud, presentó un proyecto en el que el Bloque Socialista deja asentada su preocupación por las modificaciones dispuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei sobre la ley que regula la actividad farmacéutica.
La nueva norma habilita a que las farmacias sean propiedad de sociedades anónimas y las droguerías podrán dispensar medicamentos con receta. También desregula el comercio de medicamentos de venta libre y atenta contra el rol de los profesionales farmacéuticos.
“Creemos en un proyecto sanitario bajo la premisa de que tanto los medicamentos como los bienes de salud tienen un carácter social, donde el Estado es el responsable de garantizar su acceso, desprendiéndose de la lógica impuesta por el mercado”, afrimó Drisun.
“El rol regulador del Estado es el que permite que haya farmacias distribuidas en todo el territorio con cobertura de obras sociales, acceso a medicamentos y atención a cargo de profesionales”.
Rol de salud
Desde 2009 hay una ley nacional que respalda el rol del farmacéutico como agente de salud. Si bien Santa Fe no adhirió particularmente a esta ley nacional, está vigente la ley provincial N° 2.287.
“El enfoque que siempre tuvo Santa Fe, y en particular los gobiernos del Frente Progresista, se contradice en gran medida con las recientes disposiciones nacionales que alteran el funcionamiento del sector farmacéutico, y posiciona al medicamento como un bien meramente comercial”, aseguró la diputada.
El proyecto de Drisun fue acompañado con la firma de todos los diputados del socialismo. Pide “defender el papel sanitario de la farmacia y su calidad de ser un establecimiento sustancialmente diferente a cualquier otro comercio”. “No se puede transformar el servicio de salud en un negocio de la salud, confundiendo rentabilidad con calidad de servicio, distorsionando el mercado e introduciendo variables financieras y no sanitarias al momento de decidir la ubicación para la apertura de un local”.
Para la diputada, el DNU “posterga el papel sanitario de la farmacia, relega el rol regulador del Estado en sus diferentes niveles y desconoce el carácter de bien social del medicamento”.
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