La Cámara de Diputados se encamina a dar un paso clave en la discusión penal juvenil con un proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en medio de fuertes debates políticos y sociales.
El oficialismo buscará este jueves aprobar en una sesión especial de la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La discusión se da en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad y el rol de los adolescentes en hechos delictivos.
La iniciativa que se llevará al recinto llega tras idas y vueltas dentro del propio Gobierno. El Poder Ejecutivo decidió retirar un texto presentado el lunes, que proponía avanzar aún más y establecer la edad punible en 13 años, ante la falta de consenso político y las críticas de especialistas.
Un nuevo régimen penal juvenil en discusión
El proyecto forma parte de un paquete de reformas en materia de seguridad y plantea cambios en el régimen penal juvenil, que en Argentina mantiene desde hace décadas el umbral de 16 años para la responsabilidad penal plena. Con la reforma, los adolescentes de 14 y 15 años podrían ser juzgados por determinados delitos graves.
Según fuentes legislativas, el oficialismo aspira a reunir apoyos de bloques dialoguistas para garantizar la media sanción, aunque se anticipa un debate intenso. Organismos de derechos humanos, sectores de la oposición y especialistas en infancia cuestionan que la respuesta al delito juvenil sea solo punitiva y reclaman reforzar políticas de inclusión.
Entre los argumentos a favor, los impulsores remarcan que una parte de los hechos violentos que conmocionan a la opinión pública tiene participación de menores de 16 años y que la normativa actual deja un vacío frente a delitos graves. Sostienen que el nuevo esquema incluiría medidas socioeducativas y un sistema de penas graduadas.
Críticas y advertencias de especialistas
Del otro lado, quienes rechazan la baja de la edad de imputabilidad advierten que no existe evidencia contundente de que este tipo de reformas reduzca el delito. Recuerdan que los adolescentes representan un porcentaje menor del total de delitos y que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley proviene de contextos de alta vulnerabilidad social.
Organizaciones que trabajan con niñez alertan además sobre las condiciones del sistema penitenciario argentino y subrayan que cualquier modificación legal debería ir acompañada de inversión en programas educativos, de salud mental y de acompañamiento familiar para evitar la reincidencia.
El debate en Diputados volverá a poner en primer plano la tensión entre las demandas de mayor mano dura frente al delito y la necesidad de garantizar derechos básicos a niños, niñas y adolescentes. El resultado de la sesión especial marcará el rumbo de una reforma que promete seguir generando controversia en el Congreso y en la sociedad.
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