El líder de la banda se presentaba como víctima del terrorismo de Estado y aprovechaba esa posición para estafar a las víctimas reales.
La jueza Capuchetti procesó a cinco personas por formar parte de una organización delictiva que buscaba obtener de manera fraudulenta reparaciones del Estado argentino destinadas a víctimas y familiares de la última dictadura. El líder de la banda se presentaba como víctima del terrorismo de Estado y aprovechaba esa posición para estafar a las víctimas reales.
Entre los procesados se encuentra Adrián Martínez Moreira, quien durante años se presentó como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos. Esta identidad falsa le permitió acercarse a víctimas del terrorismo de Estado, ganarse su confianza e incluso brindar información falsa a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que buscaban a sus seres queridos. Moreira se presentaba junto a un equipo de abogados como facilitador en la gestión de las políticas reparatorias.
Según la jueza Capuchetti, la maniobra fraudulenta de esta organización tuvo su origen en una declaración testimonial que Martínez Moreira realizó en el caso del Plan Cóndor en 2013. Para respaldar sus mentiras, adulteró la declaración de Adriana Calvo, una sobreviviente del Circuito Camps cuyo testimonio es conocido desde hace casi 40 años. Moreira fabricó una declaración ficticia, afirmando que Calvo la había brindado ante la justicia alemana en 1999, a pesar de que Calvo había fallecido tiempo atrás. Los compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunciaron la falsedad de las afirmaciones de Moreira.
Además de Martínez Moreira, la jueza también procesó al abogado Omar García y a otras tres mujeres identificadas como Leticia Gaete, Nicole Garrido Piris y Susana Claudia Feldman. La Secretaría de Derechos Humanos, que actuó como querellante en el caso, festejó la resolución judicial y considera que se trata de un fallo sólido y fundamentado.
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