Según la causa, tras su muerte en 2024, familiares y personas allegadas a Pillín Bracamonte siguieron realizando maniobras para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
La última semana de septiembre fue decisiva en el expediente por lavado de activos que impulsan cuatro fiscales federales sobre el entorno de Andrés “Pillín” Bracamonte, quien comandó por más de veinte años la barra de Rosario Central.
Gendarmería ejecutó seis allanamientos en paralelo en Rosario, San Lorenzo, Ybarlucea y Granadero Baigorria. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, a solicitud de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Hipótesis fiscal y domicilios apuntados
Los fiscales sostienen que parte de los bienes que la Justicia santafesina había decomisado terminaron regresando al círculo de Bracamonte ante la supuesta imposibilidad de demostrar su origen ilegal.
En Ybarlucea, el procedimiento se hizo en el country Los Álamos, en la casa del lote 21, donde reside Agustina D., última pareja de Pillín. Mientras tanto, en Rosario, los gendarmes ingresaron a un inmueble de Álvarez Thomas al 1800, donde viven Natalia A. y “Andresito” Bracamonte, hijo del ex líder de la barra.
En Granadero Baigorria, los operativos alcanzaron a dos socios de Bracamonte: Fernando Rigiracciolo, titular registral de la vivienda del country, y Eduardo Langhi. En San Lorenzo, se allanó la sede actual de ATE Servicios Integrales SRL, en Alemania 1181, empresa que hoy lleva adelante la pareja de Bracamonte. El último procedimiento se realizó en una propiedad ligada a Carlos Vergara, ex jefe de la Uocra Rosario, imputado junto a Bracamonte en 2023.
Qué se incautó y qué medidas se pidieron
En los allanamientos se secuestraron 11 vehículos, 8 relojes Rolex, 4.834.800 pesos en efectivo y una pistola calibre .22 con cargadores y proyectiles. También se llevaron computadoras, celulares de alta gama, dispositivos de almacenamiento y documentación útil para la causa.
El expediente, por presunto lavado según el artículo 303 del Código Penal, reconstruye el circuito del dinero ilícito atribuido al entorno de Bracamonte. Para los investigadores, su muerte en 2024 no desarmó la estructura, solo cambió quién la maneja.
Los fiscales solicitaron embargos por hasta 600 millones de pesos, la inhibición preventiva de 19 vehículos y el decomiso sin condena de los bienes que estaban a nombre de Bracamonte, herramienta que la ley prevé cuando el imputado fallece.
Antecedentes del caso
La causa se originó en 2020 a partir de distintos allanamientos que dieron inicio a la pesquisa por lavado. En noviembre de 2023, Bracamonte y Vergara fueron detenidos por asociación ilícita.