La Justicia porteña activó una investigación para determinar qué falló en el edificio del programa Procrear que se desplomó en Parque Patricios y dejó una impactante escena de destrucción en plena ciudad.
La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una serie de medidas urgentes tras el derrumbe de un edificio del plan Procrear en el barrio de Parque Patricios. El objetivo central es preservar pruebas, garantizar la seguridad en la zona y avanzar en la identificación de eventuales responsables penales.
Demolición controlada y retiro de escombros
Entre las primeras decisiones se ordenó la demolición controlada de las partes inestables de la estructura y el retiro progresivo de los escombros. Estas tareas permitirán liberar accesos, evitar nuevos desprendimientos y abrir paso al trabajo de los peritos especializados en ingeniería civil.
Las cuadrillas trabajan con maquinaria pesada y supervisión técnica para no comprometer edificios linderos. Cada movimiento es registrado en imágenes y actas, ya que los restos del inmueble pueden aportar datos clave sobre el origen de la falla estructural.
Investigación penal y peritajes técnicos
La causa quedó en manos de una fiscalía porteña con competencia en seguridad edilicia y responsabilidad empresarial. Se ordenaron peritajes sobre planos, memoria de cálculo, certificaciones de obra y materiales utilizados, además de la revisión del legajo completo del emprendimiento Procrear.
También se prevé la citación de funcionarios, desarrolladores, directores de obra, inspectores y representantes de empresas contratistas. La línea de investigación apunta a determinar si hubo negligencia profesional, falta de controles o incumplimientos normativos que pudieran constituir delito.
En paralelo, se tomarán testimonios a vecinos y trabajadores que estuvieron en la zona al momento del derrumbe, con el fin de reconstruir la secuencia previa y posterior al colapso.
El contexto del plan Procrear y el rol del Estado
El edificio afectado forma parte de un desarrollo del programa Procrear, iniciativa estatal destinada a facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos y proyectos urbanísticos. Estos complejos suelen articular la participación de organismos nacionales, gobiernos locales y empresas privadas de construcción.
Por ese motivo, la investigación no solo se concentra en el tramo final de la obra, sino también en la cadena de decisiones administrativas, los procesos de licitación, las supervisiones técnicas y los mecanismos de control de calidad previstos por la normativa vigente.
Especialistas en derecho urbanístico y seguridad edilicia señalan que casos como el de Parque Patricios pueden derivar en cambios regulatorios, más inspecciones en edificios recientes y la revisión de protocolos de habilitación en proyectos de vivienda masiva.
Próximos pasos de la Justicia
Una vez completada la demolición y despejada la zona de riesgo, los peritos avanzarán con estudios más finos sobre cimientos, columnas y materiales colapsados. De los informes técnicos surgirán elementos para definir imputaciones y, eventualmente, elevar la causa a juicio.
Mientras tanto, la Fiscalía mantendrá resguardada el área como escenario de un hecho bajo investigación y se aguarda que en los próximos días se conozcan las primeras conclusiones preliminares sobre las causas del derrumbe.
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