El senador Ciro Seisas cuestionó el informe de Nación al sostener que las obras en Circunvalación resultan insuficientes para la seguridad vial.
La empresa Corredores Viales presentó un informe detallado ante la Justicia Federal sobre las tareas de mantenimiento en la Avenida Circunvalación de Rosario. Este documento responde a una acción de amparo impulsada por el legislador provincial Ciro Seisas debido al deterioro de la traza nacional. En su descargo, la firma estatal describe cuadrillas activas en reparación de luminarias, bacheo de emergencia y corte de pastizales altos.
No obstante, el senador Seisas calificó estas acciones como insuficientes y cuestionó la veracidad de los datos aportados por el organismo nacional. El legislador sostiene que el ente reconoce apenas un pequeño porcentaje de las luces apagadas existentes en la autopista urbana. Según su postura, el abandono de la ruta comenzó hace años y las tareas actuales solo intentan ocultar fallas estructurales graves.
Por su parte, el ente administrador atribuyó los problemas de iluminación a reiterados hechos de vandalismo masivo y robo de cables de cobre. Además, indicaron que el sistema eléctrico sufre constantes fallas por compartir conexiones con suministros domiciliarios y alumbrado público municipal. Para revertir esta situación, prometieron normalizar el servicio lumínico en un plazo de noventa días mediante un nuevo plan operativo.
En cuanto al mantenimiento de áreas verdes, la prestataria admitió que solo completó el desmalezamiento total en los primeros seis kilómetros del anillo. Ante esto, Seisas denunció que apenas ocho operarios trabajan en la ruta más transitada de la región santafesina actualmente. Por consiguiente, el legislador solicitó a los tribunales un control semanal estricto para garantizar el cumplimiento efectivo de las obras viales.
Así, la falta de mantenimiento en los diez puentes que atraviesan la arteria continúa generando preocupación por la seguridad de los conductores. La Justicia deberá evaluar ahora si las medidas propuestas por Vialidad Nacional bastan para solucionar el estado crítico de la calzada. De lo contrario, el demandante exigirá sanciones económicas conminatorias contra la concesionaria por su prolongado descuido de la infraestructura pública.
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