En medio de un clima de creciente malestar interno, en la sede de Pami Rosario se combinan denuncias de despidos, recortes de prestaciones y un proceso de vaciamiento que preocupa a trabajadores y afiliados.
La situación en Pami Rosario se tensó todavía más luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciara el despido “quirúrgico” de una delegada gremial. El gremio sostiene que se trata de un castigo directo a quien venía visibilizando el malestar por el recorte de prestaciones y el presunto vaciamiento de la obra social de jubilados y pensionados.
Desde ATE describen un escenario en el que, mientras se reducen servicios y se trasladan afiliados al sector privado, se avanza también sobre la organización interna de los trabajadores. En ese contexto, la cesantía de una referente sindical es leída como un mensaje disciplinador hacia el resto del personal.
Un despido que enciende alarmas gremiales
La organización sindical sostiene que el despido no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia que combina ajuste presupuestario, reducción de prestaciones médicas y reconfiguración del esquema de atención de Pami en la ciudad de Rosario. En ese marco, la salida de la delegada aparece como un punto de quiebre en la relación entre autoridades y personal.
El gremio remarca que la trabajadora despedida venía participando activamente de asambleas, reclamos públicos y presentaciones formales contra lo que describen como un plan de vaciamiento. Por eso interpretan la decisión como un “castigo ejemplificador” dirigido a quienes se organizan para cuestionar el rumbo que está tomando el organismo.
ATE advierte además que este tipo de medidas afecta no solo a la estructura laboral de Pami, sino también a sus afiliados. La merma de recursos humanos sumada a la transferencia de afiliados al sector privado impacta en la calidad y continuidad de la atención, especialmente en un universo de personas mayores que dependen casi por completo de la obra social.
Vaciamiento, recortes y traslado de afiliados
Entre los principales cuestionamientos, ATE señala un proceso de recorte de prestaciones médicas y sociales que se traduce en menos turnos, dificultades para acceder a prácticas de alta complejidad y cambios en la red de prestadores. Según el gremio, muchos afiliados de Rosario estarían siendo derivados a clínicas y sanatorios del sector privado, con mayores costos y más distancia.
Para los trabajadores, este reordenamiento configura un escenario de vaciamiento progresivo, en el que Pami pierde presencia directa en el territorio y delega cada vez más servicios en terceros. El temor es que esa dinámica se consolide y deje a los jubilados con menos opciones de atención cercana y accesible.
En paralelo, se multiplican las asambleas, movilizaciones y presentaciones formales para intentar revertir las decisiones cuestionadas. ATE exige la inmediata reincorporación de la delegada despedida y la apertura de una instancia de diálogo real que incluya a los trabajadores en la definición de los cambios que atraviesa Pami Rosario.
Mientras tanto, el clima dentro de la dependencia sigue enrarecido. La combinación de incertidumbre laboral, presión sobre quienes se organizan y preocupación por el futuro de las prestaciones alimenta el conflicto y mantiene la atención puesta en lo que pueda suceder en las próximas semanas.
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