Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en la difusión y el manejo de datos oficiales de inflación.
La presentación fue realizada por las diputadas Julia Strada y Paula Penacca, junto al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Los legisladores acusan a Luis Caputo de haber intervenido de manera indebida en la elaboración y comunicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como de anticipar datos oficiales antes de su publicación por los canales formales.
Según la denuncia, el ministro habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documento público e interferencia en el funcionamiento del INDEC, organismo encargado de medir la inflación y otras estadísticas oficiales en la Argentina.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 8
El escrito fue presentado en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi. Ahora el juez deberá resolver si impulsa medidas de prueba, pide informes al INDEC o convoca a los funcionarios denunciados para que brinden explicaciones.
Para los diputados denunciantes, las conductas atribuidas a Caputo afectan la transparencia de las estadísticas públicas, un pilar clave para la confianza en la política económica. Recordaron que el INDEC funciona bajo un régimen de autonomía técnica, con resguardos legales que buscan evitar presiones o manipulaciones desde el poder político.
En ese marco, cuestionan especialmente la difusión anticipada de proyecciones y datos de inflación por parte del ministro a través de redes sociales y declaraciones públicas, lo que, sostienen, podría configurar una violación de los procedimientos establecidos para la publicación de indicadores oficiales.
Qué dice la ley sobre estadísticas oficiales
Desde la sanción de la Ley de Estadísticas en 2016, el INDEC cuenta con un marco normativo que apunta a garantizar independencia técnica, confidencialidad de los datos y cronogramas de difusión preestablecidos. Cualquier alteración en estos procesos, o la injerencia de autoridades políticas en la elaboración de indicadores, puede dar lugar a investigaciones administrativas y penales.
Especialistas en derecho administrativo señalan que el delito de abuso de autoridad se configura cuando un funcionario se aparta de las competencias que le asigna la ley, mientras que la falsificación de documento público supone adulterar o influir de manera ilegítima en el contenido de actos oficiales, como podrían ser los informes de precios o los comunicados estadísticos.
La denuncia también pone el foco en el impacto que cualquier sospecha sobre el IPC tiene en la economía cotidiana: desde la actualización de contratos de alquiler y tarifas hasta la negociación de paritarias salariales y la valuación de bonos atados a la inflación.
Reacciones políticas y próximos pasos
Referentes de Unión por la Patria adelantaron que buscarán que el Congreso cite a las autoridades del INDEC y del Ministerio de Economía para dar explicaciones en comisiones. Plantean que es necesario preservar la credibilidad del sistema estadístico y evitar que los números oficiales se conviertan en un terreno de disputa partidaria.
Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que la política económica se apoya en datos verificables y que las críticas de la oposición apuntan a deslegitimar al Gobierno en un contexto de fuerte ajuste y caída del poder adquisitivo. Hasta el momento, el Ministerio de Economía no brindó detalles públicos sobre la denuncia, pero en el entorno de Caputo relativizan las acusaciones y hablan de un intento de generar ruido político.
La causa judicial recién comienza y su evolución será seguida de cerca por los mercados, los organismos internacionales y los propios trabajadores del INDEC, que en años anteriores ya habían denunciado la manipulación de estadísticas durante otros gobiernos.
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