El ente se pronunció en contra tras el anuncio de subas elevadas por parte de las principales empresas del sector.
Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) este jueves dio a conocer su preocupación por los aumentos que impusieron las empresas de medicina prepaga. Asimismo, advirtió que el panorama “pone en riesgo el acceso a la atención médica”, haciendo especial énfasis en los jubilados.
El organismo ejemplificó con la situación de las personas mayores, quienes no tienen la posibilidad de elegir otra alternativa por su “jubilación insuficiente”. Entienden que este sector está siendo “indirectamente obligado a salir del sistema”.
La defensoría argumentó que “durante la mayor parte de la vida, el sistema es poco requerido y consecuentemente no le ocasiona gastos al prestador”. E insistió “si cuando se requieren los servicios médicos en la adultez se aumenta el valor de la cuota por la voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos -efectuados además sobre el mayor período de su vida- serían pagos sin causa”.
Toda esta situación se dio luego de que las empresas anunciaron aumentos significativos y coordinados en enero y febrero. Además, directivos reconocieron que están dispuestos a perder a aquellos afiliados que no puedan abonar las cuotas.
¿Qué propone la DPN?
A fin de “evitar estos perjuicios”, la Defensoría dio a conocer “una suerte de compatibilización entre las necesidades de la población afectada y la autonomía de la voluntad para contratar”. En tal sentido, sugirió “mantener el régimen vigente -antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas- con aprobación de la SSS para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores”. Asimismo, “el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados, quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato”.
“Sólo en este supuesto podrá haber competencia ya que los adultos mayores se encuentran en una situación de total indefensión ante los requerimientos del prestador por tratarse de un público cautivo desde que ninguna otra prestadora los absorbe como ha acontecido hasta la actualidad”, entiende el ente.
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