Defensores públicos de menores de todo el país salieron a cuestionar el proyecto del Gobierno nacional que propone bajar la edad de punibilidad y reclamaron abrir una discusión amplia basada en evidencia y estándares internacionales.
La posición de los defensores oficiales de menores se hizo escuchar en las últimas horas a través de diversos organismos públicos de todas las jurisdicciones. En un documento conjunto, expresaron su oposición a la baja de la edad de punibilidad y pidieron frenar el tratamiento del proyecto oficialista.
Los firmantes advirtieron que una reforma de esta magnitud no puede resolverse con urgencia ni como respuesta coyuntural a la inseguridad, sino que requiere un debate profundo con participación de especialistas, universidades, organizaciones sociales y organismos internacionales.
Desde el sistema de defensa pública remarcan que la prioridad debe estar puesta en garantizar derechos y oportunidades a niñas, niños y adolescentes, y no en endurecer las penas. En esa línea, recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en la Argentina, obliga al Estado a adoptar políticas integrales de protección.
Estándares internacionales y evidencia disponible
Los defensores citaron recomendaciones de organismos como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que en reiteradas oportunidades desaconsejó reducir la edad de responsabilidad penal y exhortó a los Estados a fortalecer las medidas socioeducativas y de inclusión.
En distintos países, la evidencia muestra que bajar la edad de punibilidad no reduce el delito juvenil. Por el contrario, la criminalización temprana suele agravar trayectorias de exclusión, aumentar la reincidencia y sobrecargar sistemas penitenciarios ya colapsados.
En el caso argentino, especialistas en niñez y adolescencia vienen alertando sobre déficits estructurales: falta de programas de apoyo escolar, escaso acceso a salud mental, precariedad laboral en los hogares y ausencia de políticas sostenidas en los barrios más vulnerables.
Qué piden los defensores de menores
El pronunciamiento de los organismos de defensa pública reclama que el Congreso y el Poder Ejecutivo detengan el avance del proyecto y convoquen a una mesa federal donde se puedan analizar alternativas integrales frente al delito cometido por adolescentes.
Entre los puntos planteados, se insiste en:
- Revisar el sistema de responsabilidad penal juvenil a la luz de los tratados internacionales
- Fortalecer políticas de prevención, educación y salud para adolescentes
- Mejorar los dispositivos de acompañamiento para jóvenes en conflicto con la ley
- Garantizar condiciones dignas y enfoque restaurativo en las medidas socioeducativas
Para los defensores, cualquier reforma penal que involucre a menores de edad debe basarse en información estadística confiable, diagnósticos serios sobre violencia y delito juvenil y un consenso político amplio. La discusión excede la coyuntura y atraviesa el modelo de sociedad que el país busca construir.
Debate abierto en el Congreso y en la sociedad
Mientras tanto, el proyecto del Gobierno promete tensar la discusión parlamentaria. Distintos bloques anticiparon que pedirán exponer la voz de especialistas en niñez, criminología y derechos humanos, así como de organizaciones territoriales que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley.
El debate sobre la edad de punibilidad se da en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad, pero también de fuertes desigualdades económicas y sociales que golpean con mayor fuerza a niños, niñas y adolescentes.
Los defensores públicos insisten en que la respuesta estatal debe ser integral: más escuelas, salud, trabajo para las familias y acompañamiento a las trayectorias juveniles, antes que un endurecimiento punitivo que, según remarcan, no resuelve las causas de fondo.
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