El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió con firmeza el proyecto que baja la edad de imputabilidad y marcó que los menores deben tener límites claros frente al delito.
Imagen: Ámbito
Tras la amplia mayoría obtenida en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional salió a capitalizar la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Entre las voces más enfáticas se ubicó la del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien advirtió que “el menor debe tener algún tipo de límite, basta de impunidad”.
El funcionario sostuvo que el sistema vigente, diseñado en la década del 80, quedó desfasado frente a la realidad actual del delito, donde bandas criminales se valen de adolescentes para cometer hechos graves. En esa línea, consideró que la reforma procura dar una respuesta a las víctimas y recuperar la autoridad del Estado.
Un nuevo esquema para el Régimen Penal Juvenil
El proyecto aprobado en Diputados establece que los jóvenes de 14 a 17 años podrán ser juzgados cuando cometan delitos graves, como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos con armas. Para infracciones menores, seguirán vigentes medidas socioeducativas y mecanismos de contención que apunten a la reinserción.
Desde el oficialismo remarcan que la iniciativa incorpora defensa técnica obligatoria, intervención de equipos interdisciplinarios, prioridad por las salidas educativas y capacitación laboral, así como tratamientos para consumos problemáticos. La privación de la libertad queda como última ratio y con plazos máximos establecidos.
Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez cuestionan el enfoque, al advertir que la baja de edad de imputabilidad no resuelve por sí sola los factores que empujan a miles de chicos a la delincuencia, como la pobreza estructural, la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales.
El debate político y lo que viene en el Senado
La media sanción llegó tras una sesión extensa y cargada de cruces. Los bloques que respaldaron el proyecto, entre ellos el oficialismo y sectores dialoguistas, argumentaron que la sociedad reclama “fin de la puerta giratoria” y un régimen que no deje en un limbo legal a menores involucrados en delitos graves.
En cambio, parte de la oposición alertó sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y señaló que el eje debería estar en fortalecer las políticas sociales, la escuela pública y la asistencia a las familias más vulnerables, además de combatir a las organizaciones que utilizan a menores como mano de obra descartable.
Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde el Gobierno Nacional buscará revalidar el apoyo y transformar la media sanción en ley. Mientras tanto, Cúneo Libarona reiteró que la iniciativa no apunta a castigar ni a estigmatizar a los jóvenes, sino a marcar límites claros y ofrecer un marco jurídico actualizado para delitos cometidos por menores de edad.
El debate promete seguir instalado en la agenda pública, con la mirada puesta en cómo compatibilizar el reclamo social de mayor seguridad con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en la Argentina.
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