La inminente salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia abre un nuevo frente interno para el oficialismo y pone bajo la lupa la estrategia judicial del Gobierno nacional.
En la Casa Rosada dan por hecho que Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia en los próximos días. Su salida abre una pulseada por la sucesión en una cartera estratégica, mientras ya circulan al menos tres nombres como posibles reemplazos y se intensifican las tensiones entre los distintos espacios que conviven en el Gobierno.
El recambio se produce en un contexto particularmente sensible: la administración nacional acumula cerca de 200 pliegos de jueces sin enviar al Senado, lo que configura un récord histórico de vacantes en los tribunales federales y nacionales. La demora alimenta críticas desde la oposición, el Poder Judicial y organismos especializados en justicia.
En los pasillos oficiales reconocen que la definición del sucesor no será solo técnica. Se trata de un cargo que impacta de lleno en la relación con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, además de influir en causas sensibles para el poder político y económico.
Vacantes récord y demora en el envío de pliegos
La falta de designaciones judiciales no es nueva en Argentina, pero el volumen actual de cargos sin cubrir genera alarma. Según fuentes del sector, las casi 200 vacantes afectan juzgados y cámaras de todo el país, con impacto directo en el funcionamiento de la justicia federal y ordinaria.
La Constitución establece que los jueces federales deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tras concursos realizados por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la etapa política del proceso quedó virtualmente frenada por la decisión del Gobierno de no enviar nuevos pliegos mientras revisa perfiles y equilibrios internos.
Organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogados advierten que esta situación provoca demoras, sobrecarga de trabajo y mayores márgenes de discrecionalidad en suplencias y subrogancias. También señalan que los vacíos en juzgados clave pueden condicionar investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y delitos económicos.
Internas políticas y disputa por el perfil del sucesor
La salida de Cúneo Libarona reavivó diferencias dentro del oficialismo sobre qué perfil debe tener el próximo ministro de Justicia. Un sector impulsa una figura más política, con experiencia parlamentaria y capacidad de negociación con el Congreso y los gobernadores. Otro prefiere un jurista de trayectoria técnica, con vínculos fluidos con jueces y fiscales.
En paralelo, la Casa Rosada busca enviar una señal de control de daños: sostener la idea de un recambio “ordenado” y evitar que la renuncia se lea como una crisis mayor. Sin embargo, la falta de avances concretos en la reforma judicial prometida y el estancamiento en el envío de pliegos exponen las dificultades del Gobierno para consolidar una política de Estado en la materia.
Mientras tanto, el Poder Judicial sigue funcionando con una estructura incompleta y miles de expedientes en trámite. La próxima designación en Justicia será una prueba clave para medir el rumbo institucional que el Ejecutivo quiere darle a la relación con los tribunales en lo que resta de gestión.
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