La presencia de cuidacoches en Santa Fe capital volvió al centro del debate público, con el municipio decidido a avanzar sobre un problema histórico que mezcla convivencia urbana, inseguridad y una fuerte situación de vulnerabilidad social.
En la ciudad de Santa Fe, los llamados cuidacoches o trapitos forman parte del paisaje urbano desde hace décadas. Lo que comenzó como una changa ocasional se transformó en un fenómeno extendido, asociado a la crisis económica, la falta de empleo formal y los consumos problemáticos. Lejos de resolverse, el tema se volvió uno de los conflictos más complejos para las gestiones municipales.
El municipio ensayó distintas respuestas a lo largo del tiempo. Primero intentó regular la actividad, con registros y zonas delimitadas. Más tarde avanzó hacia la prohibición directa, ante el aumento de denuncias por aprietes, cobros indebidos y hechos de violencia vinculados al cuidado de autos en la vía pública.
Ahora, la gestión local busca ir un paso más allá y promover una ley provincial que le dé un marco jurídico más claro a las intervenciones, permita fijar sanciones efectivas y brinde herramientas para actuar cuando se verifican conductas extorsivas o agresivas hacia vecinos y automovilistas.
Un problema social antes que policial
Detrás de las discusiones sobre orden urbano, el fenómeno de los cuidacoches expone una realidad que se repite en todo el país. Según distintos relevamientos municipales y ONG, una porción significativa de quienes se dedican a esta tarea atraviesan situaciones de indigencia, viven en pensiones o en la calle y no cuentan con ingresos estables.
También aparecen con fuerza los consumos problemáticos, que agravan la conflictividad y dificultan su inclusión en programas laborales o educativos. Organizaciones sociales y especialistas en adicciones advierten que, sin políticas integrales de salud mental y asistencia, cualquier medida puramente represiva tiende a fracasar o a desplazar el conflicto hacia otros espacios de la ciudad.
En paralelo, sectores comerciales y frentistas reclaman desde hace años mayor presencia del Estado. Argumentan que muchos clientes evitan determinadas cuadras por temor a situaciones de tensión con cuidacoches que exigen pagos obligatorios, con montos que en algunos casos dejan de ser una contribución voluntaria para convertirse en una cuasi tarifa informal.
La apuesta por una ley provincial
En este contexto, la Municipalidad de Santa Fe impulsa un esquema que combine controles más firmes con políticas sociales específicas. La búsqueda de una normativa provincial apunta a unificar criterios entre distintas localidades y evitar que, ante operativos en un barrio, los cuidacoches simplemente se trasladen a otra zona o a un municipio vecino.
La eventual ley podría definir con claridad qué conductas serán sancionadas, cómo se coordinarán los operativos con la Justicia provincial y cuáles serán las obligaciones de los municipios a la hora de ofrecer alternativas de inclusión laboral, capacitación y asistencia social.
Mientras tanto, la discusión sigue abierta en Santa Fe. Entre la demanda de mayor seguridad y orden en el espacio público, y la necesidad de atender la emergencia social que empuja a cientos de personas a vivir del cuidado informal de autos, la ciudad busca una salida que no ha logrado consolidarse en décadas.
Nota relacionada
Política / Región
Juan Pablo Poletti abre sesiones con balance, autocrítica y desafíos
Comentarios