La Justicia advirtió irregularidades en la distribución de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) mencionó ciertas irregularidades en la distribución de alimentos en el Ministerio de Capital Humano. Según el documento, no se puede determinar quiénes recibieron alimentos ni qué productos fueron entregados. Todo esto se dio en el marco de la causa judicial para determinar la responsabilidad de las autoridades de la cartera.
Específicamente, la PIA alertó sobre el funcionamiento del Ministerio de Capital Humano en materia de compra, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables. De acuerdo a las conclusiones del dictamen, no fue posible reconstruir la trazabilidad de los alimentos. Tampoco lograron identificar a los destinatarios finales de la mercadería acopiada en depósitos oficiales.
Como se mencionó, el análisis se realizó en el marco de una causa penal. Ésta investiga el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia Federal, que había ordenado la cartera a cargo de Sandra Pettovello informar el stock disponible y presentar un plan de distribución inmediatamente.
No obstante, PIA advirtió que la información que aportó el organismo fue incompleta, desordenada y carente de respaldo documental suficiente. “No resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados”, concluyó el informe.
Advierten irregularidades en la distribución de alimentos de Capital Humano
Entre las principales irregularidades, Procuraduría señaló inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, remitos sin firma de recepción de los beneficiarios y ausencia de documentación clave que permita seguir el recorrido de los productos desde el momento de la compra hasta la entrega final.
Además, el informe puso el foco en la falta de un sistema claro de distribución. Remarcó que el propio Ministerio había reconocido que no existían manuales ni procedimientos que regularan la entrega de alimentos. Ésto, según la PIA, “contradice los principios de legalidad, razonabilidad y buena administración que deben regir la actuación estatal”.
“La información proporcionada solo permitiría arribar a un resultado probabilístico, lo cual resulta conceptualmente antagónico con un informe de trazabilidad”, se advierte.
En tal sentido, remarcaron la existencia de “patrones de informalidad y desorganización” en la gestión administrativa. Éstos impidieron verificar si las compras realizadas cumplieron efectivamente el fin para el cual fueron autorizados.
