Un joven rosarino fue condenado a prisión efectiva luego de haber arrojado una bomba molotov contra un colectivo urbano en la zona norte de la ciudad, en un hecho que generó conmoción y reavivó el debate sobre la violencia adolescente.
La Justicia de menores de Rosario condenó a cuatro años de prisión a Agustín Hoyos, el joven que en enero de 2024 arrojó una bomba molotov contra una unidad de la línea 143 en la zona norte de la ciudad. Al momento del hecho, el acusado era menor de edad.
El ataque ocurrió durante la noche, cuando el colectivo cumplía su recorrido habitual. Según la investigación, Hoyos actuó junto a otros dos adolescentes de 13 y 16 años, que también participaron en la agresión aunque no recibieron la misma respuesta penal por su edad.
La calificación penal y el alcance del fallo
El joven fue declarado coautor de los delitos de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño agravado, en concurso ideal con incendio agravado. La figura de intimidación pública se aplica cuando un hecho violento genera temor generalizado o pone en riesgo a un grupo indeterminado de personas.
En este caso, la bomba molotov impactó contra el colectivo de la línea 143, un servicio clave para los barrios del norte rosarino. El riesgo no sólo alcanzó al chofer y a los pasajeros, sino también a peatones y vehículos que transitaban por la zona.
Fuentes judiciales explicaron que el uso de un elemento incendiario, como una molotov, agrava las penas porque multiplica las chances de un daño masivo, con potencial para causar lesiones graves o incluso víctimas fatales.
Participación de menores y contexto de violencia en Rosario
Los otros dos adolescentes que intervinieron en el hecho tienen 13 y 16 años. En Argentina, los menores de 16 no son punibles en términos penales, lo que limita el tipo de medidas que puede adoptar la Justicia. En el caso del joven condenado, su situación fue analizada en el fuero de menores, que combinó criterios de responsabilidad penal y medidas socioeducativas.
No obstante, recientemente se trató en el Congreso el proyecto de Reforma Juvenil Penal que busca bajar la edad de imputabilidad para menores de 14 a 18 años. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora pasará al Senado para su tratamiento. Esto cambiaría la situación procesal de los adolescentes que cometan delitos.
El ataque se inscribe en un contexto de alta conflictividad urbana en Rosario, donde los hechos violentos vinculados a jóvenes y adolescentes volvieron a quedar en el centro de la agenda pública. En los últimos años, choferes y empresas de transporte vienen reclamando mayores medidas de seguridad en distintas zonas de la ciudad.
Si bien en este hecho no se registraron heridos, el impacto simbólico fue fuerte: una unidad de transporte público, que es un servicio esencial para miles de trabajadores y estudiantes, se convirtió en blanco de una acción deliberada con fuego.
Debate sobre responsabilidad penal juvenil
Casos como este alimentan el debate sobre la edad de imputabilidad y el sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina. Mientras algunos sectores reclaman penas más duras, especialistas en niñez advierten que la respuesta no puede limitarse al castigo y subrayan la necesidad de políticas públicas de inclusión, educación y prevención.
En Rosario, organizaciones sociales y académicas vienen señalando que la combinación de deserción escolar, falta de oportunidades y presencia del delito organizado crea un escenario propicio para que adolescentes sean reclutados o se involucren en conductas de alto riesgo.
La sentencia contra Hoyos se suma a otras resoluciones recientes en las que la Justicia local busca enviar un mensaje de fuerte rechazo a los ataques contra el transporte público y a los hechos que, aun sin dejar víctimas, ponen en juego la seguridad colectiva.
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