Una decisión reciente en una causa por microtráfico de droga en Santa Fe abrió un fuerte debate dentro del Poder Judicial provincial y reavivó la tensión con el Ministerio Público de la Acusación.
La semana pasada, una jueza de segunda instancia de la Justicia provincial resolvió enviar un legajo por microtráfico de droga a la órbita federal, al considerar que los hechos debían investigarse como narcotráfico. La decisión encendió señales de alarma en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que viene reclamando reglas claras para el abordaje del narcomenudeo en la provincia de Santa Fe.
El cambio de fuero no es un dato menor: implica definir si una causa se tramita ante fiscales provinciales o pasa al fuero federal, donde se investigan las organizaciones criminales más complejas. En un contexto de fuerte presión social por la violencia ligada al mercado de drogas, la discusión sobre competencias y límites gana peso político e institucional.
Tras la medida de la magistrada, el fiscal regional Matías Merlo cuestionó con dureza el criterio utilizado por la Cámara. Según el planteo, resoluciones de este tipo pueden generar un “vacío” en la persecución del narcomenudeo y dejar en manos de la Justicia federal causas que, por volumen y dinámica, suelen ser tramitadas a nivel provincial.
Respuesta de los camaristas y señal institucional
Los camaristas no dejaron pasar el cuestionamiento y respondieron con un comunicado público, gesto poco frecuente en el funcionamiento cotidiano de los tribunales. En ese texto defendieron la independencia de criterio de los jueces de alzada y remarcaron que la determinación de la competencia forma parte de sus atribuciones.
La controversia refleja una tensión de fondo: cómo coordinar la tarea entre Justicia provincial y Justicia federal para evitar superposiciones, demoras o zonas grises en la investigación de delitos vinculados al narcomenudeo. Mientras el MPA reclama certezas para sostener su política criminal en barrios y pequeñas localidades, los camaristas advierten que deben respetarse los límites que fija la legislación nacional en materia de estupefacientes.
En Santa Fe, donde la discusión sobre seguridad y narcotráfico atraviesa el debate público, cada decisión judicial sobre este tipo de causas adquiere fuerte impacto. Las definiciones en torno a qué se considera narcomenudeo y qué se investiga como narcotráfico no sólo tienen efectos procesales, sino también en la respuesta del Estado frente a las economías ilegales que operan en el territorio.
En este escenario, voces del ámbito judicial y académico vienen reclamando mecanismos más claros de coordinación entre fueros, protocolos comunes y estadísticas compartidas para evaluar resultados. La causa que originó el cruce entre Merlo y los camaristas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de consensos mínimos para enfrentar el delito sin fracturas institucionales.
Comentarios