Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof salieron a marcar posición tras el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre la estatización de YPF, defendieron la decisión que tomó el Estado argentino en 2012 y apuntaron contra el Gobierno de Javier Milei por sus críticas a la expropiación.
La expresidenta sostuvo que el pronunciamiento judicial en Estados Unidos refuerza los argumentos con los que su administración impulsó la recuperación del control estatal de YPF. Según su mirada, el desenlace del litigio internacional respalda la legalidad y la oportunidad de la medida tomada hace más de una década.
Axel Kicillof, que en aquel momento ocupaba el Ministerio de Economía y fue uno de los principales diseñadores de la expropiación, también celebró el resultado del proceso. El gobernador bonaerense remarcó que la intervención del Estado buscó garantizar la soberanía energética y recuperar el control de un recurso estratégico.
Ambos dirigentes del kirchnerismo leyeron el fallo como una validación de la estrategia jurídica seguida por Argentina. En sus declaraciones, insistieron en que se trató de una medida orientada a proteger el interés público frente a decisiones empresarias que, a su entender, habían debilitado la producción y la inversión en el sector hidrocarburífero.
Cruzado con el Gobierno de Milei
Tanto Cristina Kirchner como Kicillof cuestionaron al presidente Javier Milei por sus críticas constantes a la expropiación de YPF. Para ellos, las objeciones del actual mandatario desconocen las implicancias económicas y geopolíticas de dejar la compañía bajo control privado extranjero.
El oficialismo nacional, por su parte, viene utilizando el caso YPF como ejemplo de lo que considera malas decisiones de política económica de los gobiernos kirchneristas. Desde Casa Rosada sostienen que las consecuencias financieras del litigio internacional reflejan el costo de ese tipo de intervenciones estatales.
La respuesta de la exmandataria y del gobernador bonaerense reaviva la discusión sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. En el centro del debate aparecen cuestiones como el manejo de los recursos energéticos, la atracción de inversiones y la responsabilidad por los compromisos asumidos en tribunales del exterior.
Mientras el Gobierno nacional mantiene su discurso de apertura plena al capital privado, el kirchnerismo reivindica la intervención estatal en empresas claves como herramienta para sostener el desarrollo y el empleo. El fallo de la Justicia estadounidense vuelve a poner estos modelos en contraste y promete seguir alimentando la disputa política en los próximos meses.
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