El proyecto que avanza en el Congreso para prohibir la actividad de los cuidacoches y sumar fuertes sanciones económicas y penales generó un cruce de posturas entre dirigentes, especialistas y vecinos, quienes discuten si se trata de una solución de fondo o apenas de otro parche.
La Cámara de Senadores dio media sanción a una iniciativa que apunta a prohibir el cobro por el “cuidado” de autos en la vía pública. El texto establece un esquema de multas económicas, trabajos comunitarios e incluso arresto para quienes persistan en la actividad.
Con la aprobación en la Cámara alta, el proyecto quedó ahora en manos de Diputados, quienes deberán definir si lo convierten en ley o introducen modificaciones. Hasta que eso ocurra, el esquema vigente de control y sanciones sigue dependiendo de las ordenanzas y códigos de convivencia locales.
El texto votado se inscribe en una larga serie de intentos por regular o erradicar a los cuidacoches de los centros urbanos. En distintas ciudades ya existían figuras contravencionales que penaban esta práctica, aunque con resultados dispares y dificultades para su aplicación cotidiana.
Críticas: ¿solución de fondo o “nuevo parche”?
Tras la media sanción, comenzaron a escucharse voces que cuestionan el enfoque del proyecto. Una de las críticas recurrentes es que la iniciativa se limita a endurecer las penas sin atacar las causas sociales que alimentan la presencia de cuidacoches en las calles, vinculadas al desempleo y la informalidad laboral.
Desde sectores académicos y organizaciones sociales se sostiene que, sin políticas activas de inclusión y generación de empleo, las prohibiciones terminan desplazando el problema hacia otras formas de trabajo informal o a conflictos mayores en el espacio público.
También se advierte sobre el impacto en la relación entre vecinos, cuidacoches y fuerzas de seguridad. Para algunos especialistas, la combinación de multas altas y posibilidad de arresto puede derivar en situaciones de mayor tensión en la calle si no se define con claridad cómo se aplicarán los controles.
Argumentos a favor y próximos pasos en Diputados
Entre quienes respaldan la iniciativa, el principal argumento es la necesidad de recuperar el espacio público frente a prácticas que muchos vecinos perciben como una exigencia de pago bajo presión. Señalan que, en numerosos casos, el supuesto cuidado del vehículo se transforma en una condición para evitar daños o malos tratos.
Los defensores del proyecto remarcan además que, al unificar criterios, la ley daría un marco más claro a municipios y fuerzas de seguridad, que hoy se mueven en una zona gris entre normas locales y la falta de herramientas efectivas para intervenir.
En la antesala del debate en la Cámara de Diputados, se espera que se abran instancias de escucha a especialistas, intendentes y organizaciones vinculadas tanto a la seguridad urbana como al trabajo informal. El resultado de esas discusiones será clave para determinar si el texto se aprueba tal como llegó del Senado o si se introducen cambios en el esquema de sanciones.
Mientras tanto, el tema ya se instaló en la agenda pública y divide opiniones entre quienes reclaman una respuesta contundente frente a los cuidacoches y quienes advierten que, sin políticas integrales, la nueva norma se convertirá apenas en una más entre tantos parches aplicados sobre el espacio público.
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