El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y Claudio Tapia llegará a un punto decisivo esta tarde, cuando la AFA realice la asamblea extraordinaria en Ezeiza.
Esta tarde se realiza la asamblea extraordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el predio Lionel Messi de Ezeiza y el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y Claudio Tapia llegará a un punto decisivo. Es que la Inspección General de Justicia (IGJ) enviará tres veedores para asegurar que no se avance con la reelección anticipada del actual mandatario, ni con otros puntos polémicos como la mudanza de la sede de la AFA y la suspensión de los descensos en el fútbol argentino.
Si bien el Ejecutivo descarta por el momento intervenir de manera directa en la AFA, las autoridades esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de tomar nuevas decisiones. El conflicto entre ambas partes tiene como trasfondo la intención de Milei de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un proyecto que permitiría la entrada de capital privado a los clubes de fútbol.
Nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Gobierno y Tapia
El enfrentamiento entre el Gobierno y Tapia ya ha pasado por varios capítulos en los tribunales. Recientemente, la Justicia falló a favor del Ejecutivo en tres ocasiones, fortaleciendo la posición de la gestión actual de cara a la asamblea de hoy. En tanto, la IGJ, a través del director Nacional de Entidades Civiles Juan Carlos Pratesi y dos inspectores, notificará a los participantes de la vigencia de la resolución que impide tratar ciertos puntos del orden del día, entre ellos la reelección del “Chiqui”.
El fallo judicial más reciente, emitido por el juez Christian Ricardo Pettis, dejó claro que la decisión de la IGJ debe ser respetada hasta que una instancia superior se pronuncie, algo que la AFA aún no ha solicitado formalmente. Pese a ello, el ente madre del fútbol argentino sostuvo públicamente que el juez había respaldado su postura, algo que el Gobierno desmintió enfáticamente.
La tensión podría escalar si en la asamblea se decide avanzar en contra de la resolución de la IGJ, lo que expondría a los dirigentes a posibles sanciones penales. Según el Código Penal, desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o permitir actos contrarios a la ley podría conllevar penas de prisión, lo que incluye a los miembros del Comité Ejecutivo y directivos de la AFA.
De cualquier modo, el resultado de esta asamblea marcará el rumbo que tomará el enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA. Además, podría poner en jaque el futuro de Tapia como máximo responsable del fútbol argentino.
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