La Justicia santafesina dejó firme la condena contra el titular de una firma que ofrecía viviendas en Firmat y que terminó en el centro de una causa por estafas a vecinos que buscaban acceder a la casa propia.
El juez de Cámara Juan Pablo Lavini Rosset confirmó una condena a dos años de prisión condicional contra Lucas Fabricio Gómez, propietario de Grupo Álamo Viviendas, por dos hechos de estafa cometidos en la ciudad de Firmat, en el sur de la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a la resolución, las víctimas entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una vivienda llave en mano. Sin embargo, la empresa solo avanzó hasta la construcción de las plateas de hormigón y nunca completó las casas ni devolvió el dinero cobrado.
Cómo operaba Grupo Álamo Viviendas en Firmat
Según se reconstruyó en el expediente, Grupo Álamo Viviendas ofrecía planes de construcción accesibles, con la promesa de cuotas financiadas y plazos de entrega relativamente cortos. Los contratos, firmados con vecinos de Firmat, incluían el compromiso de ejecutar viviendas familiares completas.
Sin embargo, en los casos analizados por la Justicia, la firma únicamente ejecutó las plateas de cimentación, una etapa inicial de obra que no se corresponde con los montos totales abonados. La falta de avance y de respuestas derivó en reclamos reiterados por parte de los damnificados.
Ante el incumplimiento sostenido, las víctimas acudieron a la Justicia penal al considerar que no se trataba de un simple conflicto contractual, sino de una maniobra de engañosa captación de clientes con promesas que nunca se cumplían.
La decisión de la Cámara y el alcance de la condena
Con la resolución de Lavini Rosset, la Cámara ratificó la calificación de estafa y mantuvo la pena de dos años de prisión en carácter condicional para Gómez. Al ser condicional, el condenado no irá a la cárcel, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta fijadas por el tribunal.
En causas de este tipo, los jueces suelen exigir, entre otras medidas, la prohibición de acercamiento a las víctimas, la fijación de domicilio, la obligación de someterse al control del patronato y la realización de tareas comunitarias, además de mantener una conducta irreprochable durante el período de prueba.
La sentencia también deja abierto el camino para que los damnificados continúen sus reclamos por la vía civil y comercial a fin de intentar recuperar el dinero abonado o lograr alguna forma de resarcimiento económico, algo que hasta el momento no se concretó.
Alertas para quienes buscan acceder a la vivienda propia
Los organismos de defensa del consumidor recomiendan extremar los cuidados antes de firmar contratos para la construcción de viviendas. Entre las sugerencias más frecuentes se encuentran:
- Verificar la inscripción de la empresa y su historial en la localidad.
- Exigir contratos por escrito con plazos, montos y etapas de obra detallados.
- Consultar antecedentes en oficinas de Defensa del Consumidor y colegios profesionales.
- Evitar adelantar sumas elevadas sin garantías reales sobre la ejecución de la obra.
Casos como el de Firmat vuelven a poner bajo la lupa los sistemas de financiación privada de viviendas y la necesidad de contar con mayores controles sobre empresas que operan en el rubro, especialmente en ciudades del interior donde la oferta es más limitada.
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