Un juez de Rosario sancionó a varios médicos del Hospital Provincial por omitir un protocolo de abuso sexual durante la guardia nocturna. El fallo ratificó la existencia de violencia institucional y exigió capacitaciones obligatorias en perspectiva de género.
El juez Edgardo Bonomelli, a cargo del Juzgado Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual Nº 5, condenó a tres médicos y a una exdirectora del Hospital Provincial de Rosario por violencia institucional contra la médica Gimena Corral. El magistrado determinó que los profesionales actuaron con negligencia al tratar a la paciente por una presunta intoxicación alcohólica y al omitir el protocolo por abuso sexual. Ciertamente, las autoridades judiciales fijaron una indemnización económica por daño moral y exigieron la capacitación obligatoria del personal sanitario en materia de la Ley Micaela.
Los hechos y la deficiente atención sanitaria
El ataque ocurrió el 7 de julio de 2019, cuando dos desconocidas drogaron y robaron a la víctima en un local del barrio Pellegrini. Posteriormente, un hombre identificado como Claudio Aguiar la golpeó y abusó sexualmente en la zona de Maipú al 2200. Ante el llamado de los vecinos, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) la trasladó en estado de shock hacia el centro médico estatal.
Pese a los signos evidentes de violencia física y la ropa rasgada, los médicos ignoraron la posibilidad de una agresión sexual. La madre de la joven encontró a su hija lesionada en una camilla tras seis horas de espera sin recibir la asistencia básica requerida. Por este motivo, la familia decidió derivarla hacia el Hospital Español, donde los profesionales le brindaron la atención médica y los análisis adecuados.
Acciones judiciales y alcance del fallo
En el ámbito penal, la Fiscalía logró la detención y posterior condena de Claudio Aguiar a partir de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. Sin embargo, las abogadas María Victoria San Juan y Paula Temperini iniciaron en 2022 una demanda civil por la revictimización sufrida en el nosocomio. La querella demostró que el personal sanitario actuó bajo prejuicios y omitió la aplicación de los protocolos correspondientes ante estos delitos.
De igual manera, el fallo judicial estableció que la falta de perspectiva de género configuró un episodio de violencia institucional contra la profesional. Ciertamente, el magistrado remarcó que el sistema de salud generó un daño psicológico independiente de la evolución de las lesiones corporales. En consecuencia, los cuatro profesionales involucrados deberán saldar la reparación económica e implementar cursos obligatorios sobre derechos de las mujeres.