La Justicia provincial dictó condena contra cuatro policías acusados de ejercer vejaciones y apremios ilegales contra un grupo de jóvenes durante un procedimiento en la zona de las Cuatro Plazas, en barrio Belgrano de Rosario. La causa se inició en 2018 y se convirtió en un caso testigo sobre el control del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El hecho ocurrió en 2018, durante un operativo policial en las inmediaciones de las Cuatro Plazas, en barrio Belgrano. Según se probó en el expediente, los agentes sometieron a varios jóvenes a tratos degradantes que excedieron por completo cualquier procedimiento legal.
Tras el juicio oral, el tribunal consideró acreditadas las vejaciones y condenó a cuatro policías como responsables directos. Las penas incluyeron inhabilitación para ejercer funciones y sanciones de prisión efectiva o de cumplimiento condicional, de acuerdo al rol que tuvieron durante el procedimiento.
Además, otros ocho uniformados recibieron penas en suspenso por omisión de denuncia. Para la Justicia, esos efectivos conocieron lo ocurrido y, aun así, no informaron ni intervinieron para frenar los abusos, incumpliendo su deber funcional.
Omisión de denuncia y nueve policías absueltos
La sentencia también alcanzó a quienes, sin participar de manera directa en los hechos, no dieron aviso a sus superiores ni al Ministerio Público de la Acusación. Esa conducta fue encuadrada como omisión de denuncia, una figura penal que busca desalentar el encubrimiento dentro de las fuerzas de seguridad.
En paralelo, otros nueve policías que llegaron imputados al juicio resultaron absueltos por el tribunal, al no encontrarse pruebas suficientes para vincularlos con las vejaciones ni con encubrimientos posteriores. La resolución dejó en claro la necesidad de individualizar responsabilidades para no generalizar culpas sobre todo el personal interviniente.
El caso volvió a poner en agenda el debate sobre los mecanismos de control interno en la Policía de Santa Fe y el rol de los organismos de derechos humanos en el acompañamiento a las víctimas cuando denuncian abusos estatales.
Abusos policiales y control ciudadano
Desde organizaciones de derechos humanos vienen reclamando, en Rosario y en toda la provincia, mayor capacitación en el uso proporcional de la fuerza, fortalecimiento de las áreas de Asuntos Internos y protección efectiva para quienes se animan a denunciar. Subrayan que cada condena judicial es un mensaje para desalentar la violencia institucional.
En los últimos años, tanto en Santa Fe como a nivel nacional, se impulsaron protocolos para registrar operativos, identificar claramente a los agentes en la vía pública y garantizar que cualquier persona pueda reportar un exceso policial sin temor a represalias. Sin embargo, especialistas advierten que aún persisten prácticas arraigadas que requieren cambios profundos en la cultura institucional.
La condena por las vejaciones en barrio Belgrano se suma a otras causas tramitadas en los tribunales provinciales, donde se investiga el límite entre la actuación legítima de las fuerzas de seguridad y las vulneraciones de derechos básicos, especialmente cuando las víctimas son jóvenes de barrios populares.
Desde el ámbito judicial señalan que la recepción temprana de denuncias, la preservación de pruebas y el acompañamiento profesional a las víctimas son claves para que estos hechos no queden impunes y para consolidar un control ciudadano efectivo sobre el accionar policial.
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