La Justicia provincial volvió a sentar posición frente a la violencia criminal en Rosario con una nueva condena contra uno de los referentes de una banda que operó en la ciudad y en localidades vecinas.
En el marco de un procedimiento abreviado, la Justicia santafesina condenó a 13 años de prisión a Juan Carlos Rodríguez Granthon, conocido como el “Peruano”, al considerarlo jefe de una asociación ilícita e instigador de extorsiones con ataques armados en Rosario y la región.
La resolución fue homologada por un juez de primera instancia, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, que evitó la realización de un juicio oral y público. El convenio incluyó la admisión de los hechos imputados y la calificación legal, además de la extensión de la pena.
Un jefe de asociación ilícita con base en Rosario
De acuerdo a la acusación, Rodríguez Granthon encabezaba una organización criminal que operó desde unidades penitenciarias y desde la calle, articulando tareas de inteligencia, logística y ejecución de ataques con armas de fuego. Su rol, según la investigación, era el de conducción y coordinación: daba órdenes, definía objetivos y distribuía tareas entre los integrantes de la banda.
La estructura tenía como finalidad principal obtener dinero mediante extorsiones a comerciantes, empresarios y vecinos. En muchos casos, las amenazas se concretaban con balaceras contra frentes de viviendas, negocios o vehículos, una modalidad que se volvió tristemente habitual en distintos barrios de Rosario en los últimos años.
Los investigadores vinculan esta organización con otras causas de alto impacto que exponen el avance del crimen organizado en el sur santafesino, en un contexto donde el uso de armas de fuego y la disputa territorial entre bandas es una de las principales preocupaciones de las autoridades provinciales.
Extorsiones y ataques armados: el núcleo de la acusación
Según se reconstruyó en el expediente, la banda realizaba llamados telefónicos y mensajes intimidantes para exigir sumas de dinero bajo amenaza de ataques. Cuando las víctimas no respondían, se ordenaban disparos contra frentes de locales o domicilios, como forma de “aviso” para forzar el pago.
En el procedimiento abreviado, el “Peruano” fue señalado como instigador de esas extorsiones: no necesariamente ejecutaba los hechos, pero planificaba, autorizaba y daba las directivas a otros miembros de la organización para llevarlos adelante. Las investigaciones ubican varios de esos movimientos entre Rosario y localidades cercanas, lo que amplía el alcance territorial de la causa.
La prueba reunida incluyó escuchas telefónicas, análisis de comunicaciones desde la cárcel, declaraciones de testigos y registros de los ataques. Ese conjunto de evidencias permitió sostener la acusación y arribar al acuerdo que derivó en la nueva condena.
El peso de los procedimientos abreviados en causas de crimen organizado
En Santa Fe, los procedimientos abreviados se consolidaron como una herramienta habitual para resolver causas complejas vinculadas a organizaciones criminales. Permiten obtener condenas en plazos más cortos, aunque también abren el debate sobre la necesidad de juicios orales que expongan de manera pública la trama delictiva.
En este caso, la homologación del juez implica que consideró razonables tanto la pena de 13 años como la calificación de Rodríguez Granthon como jefe de asociación ilícita e instigador de extorsiones con uso de armas. La sentencia se suma a otras resoluciones recientes que apuntan a desarticular las finanzas y el mando de bandas que operan desde Rosario hacia la región.
Para el Ministerio Público de la Acusación, este tipo de condenas es clave para enviar una señal al entramado delictivo y, al mismo tiempo, fortalecer investigaciones en curso que todavía buscan identificar a otros integrantes de las organizaciones y sus vínculos con redes de narcotráfico, lavado de dinero y delitos conexos.
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