El caso de Garrafa, el perro comunitario de Ciudad Universitaria, llegó a una definición judicial que marca un precedente en materia de responsabilidad sobre animales potencialmente peligrosos en el ámbito urbano.
Sentencia municipal y sanción económica
La Justicia de Faltas municipal dictó sentencia por la muerte de Garrafa, el perro comunitario querido por estudiantes y docentes de Ciudad Universitaria. El dueño del pitbull responsable del ataque fue condenado a pagar una multa de 600 Unidades Fijas (UF), que al valor actual equivale a $1.020.600.
Según se desprende de la resolución, el infractor fue hallado responsable por no garantizar las condiciones de cuidado y sujeción del animal, incumpliendo las normas locales sobre tenencia responsable y seguridad en espacios públicos.
El hecho generó fuerte conmoción en la comunidad universitaria, donde Garrafa era considerado un símbolo de pertenencia y compañía cotidiana en los pasillos y patios del predio.
Charlas educativas y tenencia responsable
Además de la multa económica, la Justicia de Faltas impuso una sanción accesoria de carácter educativo. El dueño del pitbull deberá participar durante el ciclo lectivo 2026 en charlas y actividades vinculadas a la tenencia responsable de animales de compañía y a la prevención de incidentes en espacios compartidos.
Este tipo de medidas, que combinan castigo económico con instancias formativas, buscan que los infractores tomen conciencia del impacto social y afectivo que tienen estos episodios, así como de la obligación legal de controlar a sus mascotas.
En muchas ciudades argentinas, los municipios avanzan con ordenanzas que regulan la circulación de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, exigiendo bozal, correa corta, registro y vacunación al día, entre otros requisitos.
El rol de los perros comunitarios en los campus
Garrafa formaba parte de los llamados “perros comunitarios”, animales que, sin tener un solo tutor, son cuidados de manera colectiva por estudiantes, docentes y personal no docente. En varios campus del país, estos perros reciben alimento, atención veterinaria básica y espacios de descanso identificados.
Especialistas en bienestar animal destacan que, en contextos controlados, la presencia de perros comunitarios mejora el clima institucional y funciona como soporte emocional para estudiantes en períodos de alta exigencia académica.
Sin embargo, advierten que la convivencia entre estos animales y perros con dueños requiere protocolos claros: circuitos de circulación, espacios protegidos, campañas de esterilización y una aplicación estricta de las normas de control y cuidado.
Un fallo con impacto simbólico
La sentencia por la muerte de Garrafa no solo tiene un efecto económico sobre el responsable, sino que envía un mensaje al conjunto de la sociedad: la negligencia en el manejo de animales puede derivar en sanciones concretas y en la obligación de reparar, al menos parcialmente, el daño causado.
Organizaciones protectoras y grupos estudiantiles valoran que se haya reconocido el carácter comunitario del perro y el impacto emocional que su pérdida tuvo en la vida diaria de Ciudad Universitaria.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar campañas de concientización, controles en la vía pública y espacios seguros para humanos y animales, en un contexto de creciente urbanización y convivencia en ámbitos compartidos.
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