El Senado aprobó el proyecto de ley que define cómo serán los desalojos exprés mediante juicios sumarísimos en todo el país. La iniciativa fija un plazo de diez días para regularizar deudas antes de habilitar la vía judicial para recuperar el inmueble.
El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei. El texto ingresó para su tratamiento en la Cámara de Diputados tras la eliminación del polémico capítulo sobre extranjerización de tierras. De esta forma, el Gobierno nacional busca agilizar los trámites judiciales para restituir inmuebles urbanos y rurales.
Novedades en los juicios de desalojo
La norma establece el uso del proceso sumarísimo para reducir los plazos del trámite, recortando la duración a un lapso de entre cuatro y seis meses. Además, el propietario podrá solicitar la desocupación inmediata bajo caución juratoria, aunque la restitución requerirá siempre una orden dictada por un juez. Por otra parte, la ley fijará multas económicas equivalentes a diez alquileres para los arrendadores que oculten comprobantes de pago.
En los casos de mora, el locador deberá intimar al inquilino otorgándole un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar las deudas. Asimismo, la normativa validará las notificaciones dirigidas al domicilio electrónico o al inmueble objeto del reclamo. Por otro lado, la legislación obligará a los propietarios a aceptar la devolución de llaves, reteniendo el derecho de demandar los saldos adeudados.
Ocupaciones ilegítimas y resguardo a vulnerables
En las causas contra tenedores precarios o intrusos, la Justicia podrá dictar la entrega del bien en un plazo de 72 horas. Sin embargo, cuando habiten menores o personas en desamparo, el juez requerirá la participación del Ministerio Público Tutelar y áreas sociales. De esta manera, el Estado deberá garantizar una solución habitacional transitoria en un período de diez días previos al lanzamiento.
Reformas en expropiaciones y registros dominiales
El proyecto introduce un criterio restrictivo para declarar la utilidad pública y limita las indemnizaciones por lucro cesante a un tope del 30%. Igualmente, la norma ajustará las compensaciones con el Índice de Precios al Consumidor y la tasa del Banco Nación.
Paralelamente, la medida facilitará la presentación de documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el territorio argentino. Además, la ley modificará la ley Pierri para agilizar las escrituras de vivienda única a familias con diez años de posesión.
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