El debate por la Ley de Tierras vuelve a la escena nacional mientras el Gobierno impulsa cambios, con especial foco en la provincia de Santa Fe.
Mientras el Senado nacional analiza el proyecto oficial para modificar la actual Ley de Tierras Rurales, los datos oficiales vuelven a poner bajo la lupa el mapa de los campos en manos extranjeras en todo el país.
Esos registros permiten identificar cuáles son los departamentos con mayor porcentaje de superficie rural controlada por empresas o personas de otros países, una información clave para medir el impacto de los cambios que propone el Gobierno.
En la provincia de Santa Fe, el panorama es heterogéneo: la mayoría de los departamentos mantiene una participación acotada de capital extranjero, pero un distrito se destaca con un nivel sensiblemente superior al resto, lo que enciende alertas políticas y económicas.
La discusión sobre la Ley de Tierras cruza temas sensibles como la soberanía sobre los recursos naturales, el control de zonas estratégicas y el modelo productivo agroexportador, donde Santa Fe tiene un rol protagónico por su peso agrícola y por la presencia de puertos clave.
Qué se discute en torno a la Ley de Tierras
El oficialismo busca flexibilizar límites y condiciones para la compra de campos por parte de extranjeros, mientras distintas voces de la oposición y del sector rural reclaman preservar controles para evitar una concentración excesiva.
En Santa Fe, el seguimiento de estos números cobra peso propio, ya que cualquier cambio en la Ley de Tierras puede redefinir el mapa de inversiones rurales y la presión sobre los territorios más demandados por el agronegocio.
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