El Congreso de la Nación comienza hoy el período de sesiones extraordinarias para debatir la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.
El Congreso de la Nación inicia este lunes el periodo de sesiones extraordinarias bajo la convocatoria del Poder Ejecutivo hasta fines de febrero. El temario oficial incluye proyectos de alto impacto político como la modernización laboral y la nueva Ley Penal Juvenil. No obstante, el oficialismo enfrenta un escenario complejo debido a las intensas negociaciones con los gobernadores por el impacto fiscal de las reformas.
En primer lugar, la reforma laboral genera tensiones por la reducción de impuestos que afectaría directamente la recaudación de las provincias. Según las proyecciones presupuestarias, las jurisdicciones podrían percibir ingresos significativamente menores si el Parlamento aprueba los cambios tributarios propuestos. Por este motivo, varios mandatarios provinciales condicionan sus votos a la creación de mecanismos de compensación económica por parte de la Nación.
Por otro lado, el Gobierno busca avanzar con la baja de la edad de imputabilidad mediante un nuevo régimen penal para menores. Aunque la intención inicial fija el límite en trece años, los bloques aliados sugieren elevarlo a catorce para lograr el consenso necesario. Además, la agenda contempla temas ambientales urgentes como la Ley de Glaciares y la emergencia ígnea para combatir los incendios en la Patagonia.
Mientras tanto, la mesa política oficialista coordina estrategias con legisladores dialoguistas para blindar los proyectos centrales antes de marzo. Sin embargo, la oposición y los sectores gremiales mantienen una postura crítica y anuncian movilizaciones para rechazar las modificaciones laborales. De este modo, el éxito de las sesiones extraordinarias dependerá de la capacidad del Ejecutivo para articular acuerdos con las fuerzas provinciales.
Finalmente, el debate parlamentario se desarrollará en un clima de confrontación política entre la Casa Rosada y algunos distritos opositores. Las autoridades nacionales defienden la necesidad de estas leyes para fomentar el empleo formal y mejorar la seguridad ciudadana. En consecuencia, las próximas semanas resultarán determinantes para establecer el nuevo marco legal y económico que regirá durante el presente año legislativo.
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