El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió públicamente al caso de Luna Zárate, la adolescente que era buscada desde diciembre y que finalmente fue identificada como la víctima fatal de un siniestro vial ocurrido un mes atrás. El funcionario pidió prudencia, pero también una respuesta basada en la evidencia para la familia.

Un reclamo de certezas para la familia
Cococcioni sostuvo que “hay que esperar y darle a la familia una respuesta concreta basada en la evidencia”, en referencia al derrotero que siguió la búsqueda de la joven y la posterior confirmación de su muerte. La adolescente había sido denunciada como desaparecida mientras, en paralelo, se investigaba el atropello fatal de una persona que no había sido identificada.
El ministro remarcó que el objetivo central debe ser brindar claridad a los allegados de Luna, que desde hace semanas exigen explicaciones sobre el accionar estatal. En ese sentido, consideró imprescindible que los organismos intervinientes detallen por qué el cuerpo no fue identificado de inmediato y cómo se llegó, finalmente, a establecer que se trataba de la adolescente buscada.
Qué se sabe del caso y las dudas sobre la investigación
Luna Zárate fue reportada como desaparecida por su familia en Rosario, mientras que, casi en simultáneo, un auto protagonizaba un siniestro vial en el que una joven peatona perdió la vida. El cuerpo fue trasladado a la morgue y, según explicaron fuentes oficiales, no se logró establecer en ese momento su identidad, lo que abrió un vacío de información que hoy está bajo la lupa.
Recién semanas después se confirmó que la víctima del choque era Luna. Esa coincidencia tardía encendió críticas hacia el sistema de investigación y de reconocimiento de personas, así como hacia los mecanismos de articulación entre la policía, la Justicia y los organismos forenses.
Para Cococcioni, corresponde que se brinde “una explicación precisa y fundamentada” sobre los pasos que se dieron y los que no se tomaron a tiempo. El funcionario evitó adelantar conclusiones, pero dejó en claro que el Estado provincial debe revisar protocolos y eventuales fallas en la cadena de actuación.
Revisión de protocolos y demanda social de justicia
El caso de Luna se suma a otros episodios que exponen las dificultades del sistema para dar respuestas rápidas en situaciones de desaparición de personas. Organizaciones sociales y colectivos feministas insisten en la necesidad de actualizar los protocolos de búsqueda, mejorar la circulación de información y fortalecer el trabajo coordinado con las familias.
Especialistas en seguridad y derechos humanos remarcan que las primeras horas después de una denuncia de desaparición son clave y que la articulación con hospitales, fiscalías y morgues resulta determinante. La demora en identificar a Luna reavivó el debate sobre la capacitación del personal y la disponibilidad de herramientas tecnológicas, como bases de datos unificadas y sistemas de alertas automáticas.
Mientras avanza la investigación administrativa y judicial, la familia de la adolescente reclama acompañamiento institucional y acceso a toda la información del expediente. El señalamiento de Cococcioni, orientado a que las respuestas se basen en evidencia y no en conjeturas, aparece como un mensaje político hacia adentro del propio Estado provincial.
La expectativa ahora está puesta en los informes oficiales que deberán precisar cómo se gestionó la búsqueda, qué peritajes se realizaron tras el siniestro vial y cuáles fueron las razones técnicas o humanas que impidieron vincular de inmediato ambos hechos. De esas conclusiones dependerá, en buena medida, la confianza social en el sistema de seguridad y justicia de la provincia.
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