La Justicia penal económica avanzó sobre la cúpula de la AFA y citó a declaración indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en una causa por presunta maniobra millonaria con fondos del fútbol argentino.
El juez federal en lo penal económico Diego Amarante llamó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La medida se tomó en el marco de una causa que investiga una presunta maniobra económica por más de $19.300 millones dentro de la casa madre del fútbol nacional.
Además de las citaciones, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes mientras avanza la investigación, impulsada por la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la Agencia de Recaudación, Control y Análisis (ARCA). La decisión busca asegurar que los acusados permanezcan a disposición del expediente.
Una causa que sacude a la cúpula del fútbol argentino
La pesquisa apunta a determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos vinculados a derechos comerciales, contratos y eventuales beneficios fiscales dentro de la estructura de la AFA. Según fuentes judiciales, el monto bajo la lupa supera los 19.300 millones de pesos, lo que convierte al expediente en uno de los más sensibles de los últimos años para el organismo que regula el fútbol en el país.
En esta etapa procesal, la Justicia busca escuchar la versión de Tapia y Toviggino sobre el origen y el destino de esos recursos. La indagatoria es clave porque permite a los imputados defenderse, presentar documentación y, eventualmente, pedir medidas de prueba que respalden su postura.
La causa se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre las cuentas de las asociaciones deportivas, en medio de la discusión pública sobre transparencia y control en entidades que manejan sumas millonarias por derechos de televisión, sponsors y espectáculos masivos.
¿Qué puede pasar con la situación procesal de Tapia y Toviggino?
Tras las indagatorias, el juez Amarante deberá resolver si dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los dirigentes. Para eso evaluará las respuestas de los imputados, los informes contables y la documentación aportada por ARCA y otros organismos de control.
La prohibición de salir del país no implica una condena, pero es una señal de que la Justicia considera que el caso tiene entidad suficiente como para adoptar medidas de prevención. En casos similares, los tribunales suelen mantener estas restricciones hasta que se define la situación procesal o se completa la producción de pruebas centrales.
El avance del expediente vuelve a poner bajo el foco la relación entre el negocio del fútbol, la política y los organismos de control. Mientras tanto, la AFA continúa con su agenda institucional, a la espera de cómo impacte esta causa en la conducción que encabeza Tapia desde 2017.
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