La investigación por las presuntas irregularidades en licitaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad suma un nuevo capítulo, con un pedido fiscal para ampliar las declaraciones indagatorias y revisar el rol de exfuncionarios clave en las contrataciones de insumos.
Los fiscales que intervienen en la causa por presuntas licitaciones irregulares en la compra de insumos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) solicitaron 29 nuevas declaraciones indagatorias, en una señal de que el expediente judicial se encamina hacia una fase más profunda de análisis de responsabilidades.
Entre los requerimientos figura la posibilidad de que el exdirector ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, vuelva a ser citado a indagatoria, pese a que ya fue procesado en un tramo previo del expediente. El pedido apunta a ampliar su declaración y contrastarla con nuevos elementos incorporados a la investigación.
La causa se centra en el presunto direccionamiento de procesos de contratación para la adquisición de insumos vinculados a prestaciones para personas con discapacidad. Los fiscales buscan determinar si se alteraron condiciones de competencia, precios o proveedores, y hasta qué punto hubo intervención o conocimiento por parte de los exresponsables del organismo.
El rol de Diego Spagnuolo en la causa
Spagnuolo, quien ya atraviesa un procesamiento dentro de esta investigación, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. La nueva citación, si es aceptada por el juzgado, apuntaría a precisar decisiones tomadas durante su gestión y su eventual participación en las maniobras que se investigan.
La ampliación de su indagatoria podría incluir preguntas sobre el diseño de los pliegos de licitación, la selección de empresas proveedoras y la supervisión de los contratos. El objetivo de los fiscales es reconstruir con mayor detalle la cadena de decisiones dentro de ANDIS, un organismo clave en la administración de políticas públicas para personas con discapacidad en todo el país.
En paralelo, las 29 nuevas indagatorias solicitadas buscan abarcar a otros exfuncionarios, asesores y posibles intermediarios vinculados a las compras cuestionadas. De esta manera, la acusación intenta definir si se trató de hechos aislados o de un esquema más amplio de irregularidades en la gestión de los recursos públicos.
Impacto institucional y próximos pasos
La evolución de esta causa reviste una relevancia institucional significativa, dado que ANDIS administra partidas destinadas a programas sensibles, como la cobertura de prestaciones, equipamiento y apoyos para personas con discapacidad. Cualquier sospecha sobre el uso de esos fondos genera especial atención tanto en la Justicia como en el ámbito político.
De confirmarse las nuevas indagatorias, el expediente entrará en una etapa de mayor definición, con una agenda cargada de declaraciones que podrían extenderse durante varias semanas. Luego de esa ronda, el juzgado deberá evaluar si amplía procesamientos, dicta nuevos llamados a juicio o dispone sobreseimientos parciales, según el peso de las pruebas reunidas.
Mientras tanto, desde el entorno de los exfuncionarios investigados se espera conocer la respuesta judicial al planteo fiscal para definir las próximas estrategias de defensa. La causa ANDIS, que ya tuvo repercusiones públicas, vuelve así a ganar centralidad en la agenda judicial vinculada al control del gasto estatal.
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