La investigación por el homicidio de Nicolás Godoy entra en una fase decisiva: la Justicia ordenó la detención de un sospechoso señalado como posible autor, en medio de la cuenta regresiva hacia los 12 años del crimen.
La causa por el asesinato de Nicolás Godoy vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial. Luego de más de una década de trámite, un juez ordenó la detención de J.B., apuntado como presunto autor del homicidio, en un movimiento clave para evitar que el expediente quede en riesgo de prescripción.
El caso se inició hace casi 12 años, cuando Godoy fue asesinado en un episodio que, con el paso del tiempo, se transformó en un emblema de la demora en las investigaciones penales. La nueva medida judicial llega cuando faltan pocos meses para que se cumpla ese plazo, lo que podría abrir el debate sobre la posible prescripción de la acción penal si no se formaliza la imputación correspondiente.
Un giro procesal para evitar la prescripción
Según fuentes judiciales, la orden de detención contra J.B. busca avanzar hacia una imputación por homicidio agravado, figura que contempla penas más severas y que, en general, amplía los plazos de prescripción. Hasta el momento, el expediente había tenido movimientos esporádicos, con declaraciones testimoniales y pedidos de medidas que no lograban consolidar una acusación firme.
En el sistema penal argentino, la prescripción opera como un límite temporal para que el Estado pueda perseguir un delito. Para los homicidios agravados, la doctrina mayoritaria entiende que se trata de crímenes de extrema gravedad, por lo que la discusión sobre los plazos suele ser más estricta. De allí la importancia de que la detención se transforme rápidamente en una acusación formal.
La resolución judicial también refuerza el reclamo histórico de la familia de la víctima, que desde el comienzo pidió que se profundice la investigación. Organizaciones de derechos humanos y colectivos que acompañan causas de violencia letal vienen advirtiendo sobre el impacto de la impunidad estructural cuando los expedientes se dilatan durante años sin respuestas.
El rol de la víctima y el derecho a la verdad
Desde la reforma procesal, las víctimas y sus allegados tienen mayores herramientas para impulsar los casos, presentar pruebas y exigir avances concretos. Sin embargo, en expedientes como el de Nicolás Godoy, el paso del tiempo genera dificultades para reconstruir los hechos, localizar testigos y preservar evidencia.
Especialistas en derecho penal señalan que demoras de más de una década afectan no solo la posibilidad de condenar a los responsables, sino también la confianza social en el sistema de justicia. En este contexto, la detención de un sospechoso es leída como una señal de que el caso vuelve a activarse y de que el Estado reconoce su obligación de garantizar verdad y reparación.
En las próximas semanas, la expectativa estará puesta en la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal deberá formalizar la imputación, detallar la evidencia reunida y explicar por qué señala a J.B. como presunto autor del crimen. Ese paso será determinante para definir el futuro del expediente y, sobre todo, para acercar una respuesta largamente esperada por el entorno de la víctima.
Mientras tanto, referentes de organizaciones sociales y vecinales insisten en la necesidad de que los casos de homicidios no queden atrapados en la burocracia. Recuerdan que, detrás de cada expediente, hay una familia que reclama que el tiempo no borre la posibilidad de justicia.
Debate abierto sobre tiempos y reformas judiciales
El expediente de Nicolás Godoy se suma a otros casos en los que la demora procesal obliga a revisar el funcionamiento de los tribunales. En los últimos años, distintos proyectos legislativos plantearon la necesidad de acortar los plazos muertos, controlar mejor los tiempos de investigación y fortalecer a las fiscalías para evitar que los homicidios lleguen al límite de la prescripción.
Más allá de lo que finalmente resuelva la Justicia sobre la responsabilidad penal de J.B., la causa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo garantizar que los crímenes graves se investiguen a tiempo, con celeridad y perspectiva de derechos humanos, para que hechos como el que terminó con la vida de Nicolás Godoy no queden impunes.
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