La Cámara Penal de Santa Fe dictó penas de prisión efectiva de ocho años y medio para los dueños de los perros. El fallo valoró los brutales antecedentes de ataques previos y la absoluta desidia de los propietarios frente al peligro.
La Cámara Penal de Santa Fe hizo lugar a la apelación de la fiscalía, modificó la carátula de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual y dictó penas de prisión efectiva de ocho años y medio para Iván Mercado Reyes y de ocho años para Norma Elena Vega. El fallo valoró los brutales antecedentes de ataques previos de los perros y la absoluta desidia de los propietarios frente al peligro.
A más de siete años de la trágica muerte de Diego Román, el niño de 12 años hallado sin vida tras ser atacado ferozmente por un grupo de perros en la localidad santafesina de Recreo, la causa dio un giro judicial clave. La Justicia provincial resolvió agravar de forma drástica las condenas contra los dueños de los animales, endureciendo los argumentos sobre la responsabilidad de los propietarios ante comportamientos animales de extrema peligrosidad.
El fallo estuvo a cargo del camarista Oscar José Burtnik, quien hizo lugar al recurso de apelación presentado por los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi y Ana Laura Gioria. De esta manera, el magistrado modificó la calificación legal original —que en el juicio de primera instancia había sido considerada un homicidio culposo, es decir, sin intención— para encuadrarla bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual.
Las nuevas penas y la inhabilitación especial
Con la modificación de la carátula, las sanciones impuestas a los responsables de los canes aumentaron de manera significativa en comparación con el fallo inicial emitido a mediados de año:
- Iván Mercado Reyes: fue sentenciado a ocho años y seis meses de prisión efectiva (en el juicio original había recibido 4 años).
- Norma Elena Vega: recibió una pena de ocho años de prisión como coautora (en el juicio de primera instancia había obtenido 3 años de ejecución condicional).
Además del cumplimiento de prisión efectiva, el juez Burtnik les impuso una inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus condenas, prohibiéndoles de manera absoluta tener animales caninos a su cargo. Por su parte, el recurso presentado por la defensa de los acusados buscando su absolución fue desestimado por completo.
El dolo eventual y los brutales antecedentes que pesaron en el fallo
Para justificar el cambio de calificación a dolo eventual, el camarista fundamentó que los acusados conocían de manera concreta y no abstracta la agresividad letal de la jauría bajo su custodia, al punto de haberse representado un resultado mortal y haber decidido no tomar ninguna medida de resguardo.
El fallo reconstruyó al menos tres episodios graves previos ocurridos entre abril y mayo de 2019 que demostraban el peligro real que representaban los perros (compuestos por ejemplares de razas como rottweiler, bóxer y mestizos):
El ataque a un vecino: el 29 de abril de 2019, un hombre sufrió heridas desgarrantes que demandaron tres días de internación en terapia intensiva.
La advertencia desoída: al día siguiente del ataque anterior, otro perro de la jauría mató a la mascota de un vecino. En esa ocasión, a Reyes se le advirtió de forma directa sobre el peligro que los animales significaban "para una criatura", a lo que el acusado respondió con una sonrisa evasiva.
Lesiones graves a una mujer: en mayo de ese mismo año, un can de la propiedad le arrancó un trozo de pierna a una vecina, provocándole cuadros de gangrena y secuelas permanentes.
Asimismo, la resolución judicial valoró un audio de WhatsApp incorporado a la causa, donde el yerno de los imputados le advertía a Reyes que atara al rottweiler y mintiera a las autoridades sobre los ataques. Para la Justicia, esto demostró una conducta deliberada orientada a ocultar el riesgo en lugar de contener a los animales.
Con este fallo histórico, la causa marca un fuerte precedente jurisprudencial sobre la responsabilidad penal que cabe a los dueños de animales peligrosos cuando la negligencia y el desprecio por la vida ajena derivan en tragedias irreparables.
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