La Justicia de Santa Fe rechazó un nuevo pedido de excarcelación de una de las exefectivas policiales condenadas por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven que apareció sin vida en el río Paraná en 2020 tras un operativo de control en la zona de La Fluvial.
El tribunal resolvió denegar la libertad condicional a Karina G., exintegrante de la Policía de Santa Fe, quien fue sentenciada a nueve años de prisión por el homicidio preterintencional de Carlos “Bocacha” Orellano. El fallo mantiene a la exuniformada detenida y reaviva el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en la ciudad.
Orellano, de 23 años, fue visto con vida por última vez en la madrugada del 24 de febrero de 2020 en el boliche Ming, ubicado en la zona de La Fluvial. Tras un operativo de policías y patovicas, el joven desapareció y dos días después su cuerpo fue hallado en el río Paraná, lo que derivó en una fuerte conmoción social y en pedidos de justicia que continúan hasta hoy.
Los fundamentos de la decisión judicial
La resolución que rechaza el beneficio valoró la gravedad del hecho, el rol que tuvo la expolicía durante el procedimiento y el impacto social del caso. Los jueces entendieron que todavía no se reúnen las condiciones legales para que acceda a la libertad condicional, pese al tiempo ya cumplido de la condena y a los informes penitenciarios acompañados por la defensa.
En este tipo de pedidos se analizan distintos factores: conducta dentro de la unidad penal, antecedentes, riesgo de fuga y eventual entorpecimiento de la causa. En el caso de Karina G., la Justicia consideró que corresponde mantener la medida de encierro hasta que se cumplan los plazos y requisitos previstos por el Código Penal y la ley de ejecución de la pena.
La defensa de la expolicía podrá apelar la decisión ante una instancia superior, mientras que la querella que representa a la familia de Orellano celebró el fallo y recordó que el objetivo central sigue siendo establecer las máximas responsabilidades por lo ocurrido aquella noche.
Un caso emblemático de violencia institucional
El expediente judicial por la muerte de “Bocacha” se transformó en un caso testigo de presunto abuso policial en Rosario. Organismos de derechos humanos y colectivos contra la violencia institucional acompañan desde el inicio a la familia del joven, que insiste en que se trató de una intervención irregular tanto de policías como del personal de seguridad privada.
La condena a Karina G. fue uno de los hitos del proceso, en el que también se investigó la responsabilidad de otros agentes y de los encargados del local bailable. Las audiencias reconstruyeron minuto a minuto el derrotero del joven dentro y fuera del boliche, y dieron cuenta de las fallas en los protocolos de actuación en la costa central.
En paralelo, el caso impulsó reclamos para mejorar los controles sobre los operativos policiales en espacios nocturnos y reforzar las cámaras de seguridad en la ribera. Las marchas con la consigna “Justicia por Bocacha” se repiten cada aniversario y mantienen vivo el pedido de verdad y reparación.
Qué puede pasar a futuro
Con la libertad condicional denegada, el escenario inmediato para la expolicía sigue siendo el cumplimiento efectivo de la pena. En lo jurídico, restan definirse eventuales recursos y el avance de otras responsabilidades derivadas de la investigación principal. En lo social, el caso continúa como una referencia ineludible cada vez que se discute el uso de la fuerza por parte del Estado y la necesidad de controles externos sobre las fuerzas de seguridad.
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