Mediante la simulación de pagos a jubilados fallecidos, beneficiarios que no existen y personas fuera del sistema previsional, empleados públicos de Cañada de Gómez realizaban transferencias de dinero de la caja de jubilaciones a sus propias cuentas.
Los señalados son la ex encargada de la Caja, su pareja y una administrativa del área. Los tres fueron imputados como coautores de defraudación contra la administración pública.
De acuerdo a la acusación del fiscal Santiago Tosco, entre noviembre de 2025 y junio de 2026 organizaron un circuito para girar fondos de la cuenta institucional que el Municipio tiene en el Banco Credicoop hacia sus cuentas particulares. En ocho meses habrían derivado más de 76 millones de pesos en total, con montos individuales que superaron los 24 millones cada uno.
La fiscalía sostiene que la entonces titular de la Caja encabezaba y coordinaba el esquema y habría desviado 25.319.467 pesos. En tanto, los otros dos imputados recibieron transferencias por más de 24 y más de 27 millones respectivamente.
Cómo funcionaba la maniobra
La operación se apoyaba en una falencia técnica del sistema bancario. El mismo permitía alterar datos al momento de hacer la transferencia y cambiar el número de cuenta de un jubilado o pensionado, vivo o fallecido.
Luego, en los registros internos hacían figurar esas salidas como pagos legítimos a afiliados que en realidad no existían, que eran ajenos al sistema previsional o que ya habían fallecido. Con esa administración infiel e irregular justificaban el movimiento y ocultaban el desvío.
Cómo se detectó y qué hizo el Municipio
La irregularidad fue advertida en junio a partir de una auditoría interna sobre el circuito de pagos. Tras ese hallazgo, el Municipio apartó de sus funciones sin goce de sueldo al personal denunciado, abrió actuaciones administrativas y radicó la denuncia penal correspondiente.
Qué resolvió la Justicia
El juez Álvaro Campos admitió medidas alternativas a la prisión preventiva, acordadas entre fiscalía y defensas, para que los tres continúen el proceso en libertad.
Durante 90 días deberán presentarse mensualmente ante la Oficina de Gestión Judicial, fijar domicilio, no salir del país sin autorización y no ingresar a la Caja de Jubilaciones municipal.