Sectores vinculados al mercado inmobiliario insisten con buscar un marco de previsibilidad en la Ley de alquileres, a dos años de su derogación.
A dos años de la derogación de la ley de alquileres, el balance en el sector inmobiliario argentino es dispar. La medida fue implementada a través del DNU 70/2023 e impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Ésta trajo consigo una mayor oferta de propiedades en alquiler según las inmobiliarias, pero también generó un escenario más complejo para quienes alquilan.
Agrupaciones de inquilinos aseguran que la liberalización del mercado no logró mejorar las condiciones para los arrendatarios. Si bien en un primer momento se sumaron más viviendas al mercado, el costo de alquilar se disparó. Lejos de estabilizarse, continúa en aumento siguiendo la lógica de la oferta y demanda. Hoy, acceder y sostener un alquiler se vuelve cada vez más complicado, impactando especialmente en quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al pago mensual.
La eliminación de la ley de alquileres también significó nuevas cargas económicas a los inquilinos: ahora deben afrontar el pago de impuestos y expensas extraordinarias. Antes, estos gastos estaban regulados y limitados por la normativa previa.
Además, la duración y estabilidad de los contratos se redujo notablemente. Si antes los contratos solían ser por tres años con ajustes anuales preestablecidos, ahora predominan los acuerdos de uno o dos años, sujetos a aumentos cada tres o cuatro meses. Esta volatilidad genera incertidumbre permanente y representa un retroceso en materia de derechos adquiridos.
Insisten con buscar un marco de previsibilidad en la Ley de alquileres
Del lado de las inmobiliarias, la visión es diferente. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) destacan que la mayor oferta de inmuebles permitió una mayor flexibilidad en la negociación y que las partes pueden llegar a acuerdos según las condiciones del mercado.
Sin embargo, reconocen que la situación económica general genera atrasos en los pagos. Asimismo, entienden que los contratos suelen actualizarse por índices oficiales cada tres o cuatro meses, buscando no quedar desfasados frente a la inflación.
Incluso entre los corredores inmobiliarios hay consenso en un punto: la necesidad de un nuevo marco regulatorio que otorgue previsibilidad a las familias que alquilan. Sostienen que la ausencia de reglas claras y la falta de un marco de protección terminan perjudicando a todos los actores del sector y que es imprescindible evitar abusos y garantizar la mediación de profesionales matriculados para brindar mayor seguridad.
A dos años de la desregulación, el debate sobre el acceso y el costo de la vivienda sigue abierto, y la demanda por reglas claras y justas es un reclamo compartido tanto por inquilinos como por inmobiliarias.
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