La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a instalar en la agenda pública el debate por la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y presiona para que el Congreso retome un proyecto que quedó frenado en la Cámara de Diputados.
Imagen: Ámbito
El oficialismo libertario busca volver a colocar en el temario del Congreso el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, una iniciativa que el año pasado perdió estado parlamentario en Diputados pese a haber avanzado en el Senado. Con la nueva composición de las cámaras, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para reabrir la discusión.
Un proyecto que divide al Congreso
La propuesta impulsada por Bullrich plantea reformar el régimen penal juvenil para que los adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser imputados por delitos graves. Desde el oficialismo sostienen que la medida responde a un contexto de mayor violencia urbana y a la participación creciente de menores en hechos delictivos complejos.
Sin embargo, el proyecto genera fuertes resistencias en la oposición, en especial dentro del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja. Referentes de ese espacio advierten que bajar la edad de imputabilidad no resuelve de fondo los problemas de inseguridad y reclaman priorizar políticas de inclusión educativa, social y laboral para los jóvenes.
Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez también expresaron reparos. Argumentan que Argentina ya fue cuestionada por organismos internacionales por el uso de la prisión para menores y alertan sobre el riesgo de sobrecargar el sistema penal sin garantizar programas efectivos de reinserción.
Qué se discute y cuáles son los puntos centrales
El borrador que circula en el Congreso incluye, entre otros ejes:
- Bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves.
- Crear juzgados y fiscalías especializadas en responsabilidad penal juvenil.
- Establecer un sistema de penas progresivas con prioridad en medidas socioeducativas.
- Regular el alojamiento de adolescentes en centros distintos a las cárceles de adultos.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo régimen busca dar una respuesta más rápida a hechos violentos y evitar que las bandas criminales utilicen a menores como mano de obra barata. Los críticos señalan que, sin inversión en educación, salud mental y prevención en los barrios, el cambio normativo podría tener un impacto limitado.
¿Cuándo podría tratarse en el Congreso?
En el oficialismo admiten que la clave estará en el trabajo de comisiones de Diputados, donde la correlación de fuerzas es más ajustada. La intención es que el tema ingrese en el temario de seguridad interior y legislación penal durante el próximo período de sesiones ordinarias, aunque no se descarta su inclusión en un eventual llamado a sesiones extraordinarias.
Para avanzar, el Ejecutivo necesita acuerdos con sectores del radicalismo y bloques provinciales. Algunos legisladores ya anticiparon que estarían dispuestos a discutir el esquema general, pero reclaman garantías presupuestarias para crear instituciones específicas para menores y evitar que todo se resuelva con más encierro.
Mientras tanto, el debate vuelve a instalarse también en la opinión pública, atravesado por la preocupación social por la inseguridad y por la situación de miles de adolescentes que crecen en contextos de alta vulnerabilidad. El Congreso tendrá la última palabra sobre si la Argentina modifica o no su régimen penal juvenil.
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