El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a marcar diferencias con la Casa Rosada y advirtió que el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei podría implicar un retroceso en derechos conquistados por trabajadores.
Los ministros de Trabajo y Producción de la provincia de Buenos Aires Walter Correa y Carlos Bianco, presentaron un informe técnico en el que la Provincia cuestiona con dureza el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. Según el documento, varios de los cambios propuestos podrían derivar en una mayor precarización del empleo y una pérdida de la tutela judicial para los asalariados.
El análisis fue elaborado por equipos jurídicos y económicos del gobierno de Axel Kicillof, que pusieron el foco en los efectos que tendría la iniciativa sobre el sistema de indemnizaciones, los períodos de prueba, el trabajo registrado y las contribuciones patronales que financian la seguridad social.
Precarización y sindicatos en la mira
Entre los puntos más cuestionados, el informe advierte que la reforma facilitaría el avance de modalidades de contratación más inestables, lo que afectaría sobre todo a jóvenes y trabajadoras informales. También alerta sobre el riesgo de un debilitamiento de la representación sindical, al limitar el alcance de convenios colectivos y herramientas de negociación.
Para la administración bonaerense, la iniciativa va en sentido contrario a la tradición argentina de protección del trabajo, consagrada en la Constitución Nacional y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En esa línea, señalan que el debate no debería centrarse sólo en bajar costos laborales, sino en mejorar la productividad, la inversión y el empleo registrado.
Impacto en la seguridad social
Otro eje del documento es el posible desfinanciamiento del sistema de seguridad social. La reforma prevé cambios en contribuciones empresarias y en el esquema de aportes, lo que, según el gobierno bonaerense, podría reducir recursos clave para jubilaciones, obras sociales y seguros por accidentes de trabajo.
Especialistas consultados por la Provincia remarcaron que cualquier modificación en el régimen laboral debería contemplar mecanismos para sostener el financiamiento del sistema previsional, en un contexto de alta informalidad y presión inflacionaria sobre los salarios.
Un debate que atraviesa a todo el país
El rechazo bonaerense se suma a las críticas de otros gobiernos provinciales, centrales sindicales y sectores de la oposición, que consideran que la reforma desequilibra la balanza en favor de las empresas. Del otro lado, el oficialismo nacional sostiene que los cambios son necesarios para promover inversiones, reducir la litigiosidad y generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado.
La discusión se da en un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de la pobreza y tensiones entre Nación y provincias por la distribución de recursos. En ese escenario, el rumbo de la legislación laboral se vuelve uno de los ejes centrales de la agenda política y económica de los próximos meses.
Derechos adquiridos y necesidad de consenso
Desde el Ejecutivo bonaerense remarcan que cualquier modificación debería surgir de un acuerdo amplio entre gobierno nacional, provincias, empresarios y sindicatos, para evitar que la salida a la crisis pase por una reducción de derechos laborales básicos.
Mientras tanto, gremios y organizaciones sociales anticipan nuevas medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustanciales. La tensión abre un nuevo capítulo en la histórica puja entre flexibilización y protección del empleo en la Argentina.
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