La condena de Bolsonaro genera incertidumbre mientras él estudia sus opciones legales para proteger su futuro político y electoral.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un presunto golpe tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia, dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) con 4 votos a favor y 1 en contra, también afecta a siete de sus colaboradores con penas de entre 16 y 26 años. Entre ellos están exministros y altos mandos militares. La Corte argumentó que intentaron quebrar el estado democrático, mientras el entorno bolsonarista denuncia persecución política y cuestiona la imparcialidad del proceso.
Bolsonaro, de 70 años, no ingresará a prisión hasta que se agoten todos los recursos judiciales. Su defensa anunció apelaciones nacionales e internacionales y podría solicitar cumplir la pena en arresto domiciliario por motivos de salud, recordando precedentes como el de Fernando Collor de Mello. Además, enfrenta la pérdida de rango militar y la inelegibilidad para cargos públicos hasta ocho años. Estas sanciones limitan su participación electoral, pero no impiden que actúe políticamente desde otros espacios.
Sus aliados buscan presentar un proyecto de amnistía en el Congreso. La iniciativa recibe impulso del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y apoyo parcial del Partido Liberal y otras fuerzas cercanas. Sin embargo, el “centrao” muestra reticencias y el Tribunal Supremo advirtió sobre la inconstitucionalidad de un perdón general. Lula, por su parte, podría vetar cualquier medida que beneficie al expresidente.
En paralelo, la oposición analiza candidaturas para 2026. De Freitas se perfila como posible heredero del capital político de Bolsonaro y promete un indulto si llega al poder. La situación mantiene al país en alerta sobre la estabilidad democrática y el futuro de la derecha conservadora.
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