Bolivia avanza con un proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil, proteger a niñas y adolescentes y garantizar sus derechos fundamentales.
En Bolivia, los matrimonios y uniones tempranas y forzadas siguen afectando principalmente a niñas y adolescentes. Estas prácticas surgen por presión familiar o social, limitando el derecho de las jóvenes a decidir sobre su futuro, continuar su educación, acceder a empleo y gozar de salud integral. Además, aumentan la vulnerabilidad frente a la violencia, especialmente cuando las parejas duplican o triplican su edad.
La mayoría de los casos ocurre en zonas rurales. Entre 2020 y 2021, el 65% de las adolescentes casadas vivían en provincias, y el 93% de los afectados entre 2014 y 2023 fueron mujeres, evidenciando un claro sesgo de género. Las parejas son mayoritariamente adultos de 20 a 35 años, aunque también se registran matrimonios de menores de 16 años. Entre 2010 y 2022, más de 11 mil adolescentes entre 13 y 17 años contrajeron matrimonio, mostrando la permisividad del sistema legal frente a estas prácticas.
Recientemente, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de menores, y ahora se debate en la Cámara de Diputados. La iniciativa cuenta con apoyo unánime en la Comisión de Derechos Humanos y respaldo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como Plan International, Save the Children y Equality Now.
La ley busca impedir estas uniones y generar campañas de concienciación sobre su impacto negativo en la vida de niñas y adolescentes. Además, pretende cambiar normas sociales y culturales, reforzando la protección de los derechos de la infancia y asegurando que el Estado asuma un rol activo frente a estas prácticas nocivas.
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