El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Belgrano Cargas y Logística. Sin embargo, estableció la “cláusula anti-China”. Qué es y cómo funciona.
Aunque en el ámbito político y empresario la medida comenzó a ser denominada “cláusula anti-China”, el texto de la licitación no menciona específicamente a dicho país. La restricción tiene un alcance más amplio. En términos generales, apunta a impedir que compañías bajo control estatal participen de la operación de una infraestructura ferroviaria considerada estratégica.
La concesión tendrá una duración de cincuenta años y abarcará las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Éstas, en conjunto, representan unos 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.
¿Qué es la “cláusula anti-China”?
La denominación puede llevar a confusión. No se trata de una prohibición dirigida exclusivamente contra empresas chinas, sino de una regla de admisión para la licitación.
El pliego establece que no podrán participar aquellas sociedades cuyo control esté en manos de un Estado extranjero. La condición alcanza tanto a empresas controladas directamente por un gobierno como a aquellas en las que ese control se ejerza de manera indirecta, por ejemplo, a través de otras sociedades estatales.
También quedan comprendidos organismos públicos, empresas de propiedad estatal y estructuras empresariales vinculadas con gobiernos extranjeros. El mismo criterio alcanza, según las condiciones establecidas en el proceso, a empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales.
Por eso, el nombre “anti-China” responde más a sus posibles efectos que a la letra de la norma. China aparece como el principal foco de atención porque cuenta con grandes empresas estatales con capacidad para participar en proyectos de infraestructura de gran escala.
¿Cómo funciona en la práctica?
La cláusula funcionará como un filtro previo dentro del proceso licitatorio. En otras palabras, una compañía que quiera quedarse con la concesión primero deberá acreditar que cumple con las condiciones establecidas en el pliego. Si se determina que está bajo control directo o indirecto de un Estado extranjero, quedará excluida de la competencia.
Esto no significa que las empresas extranjeras estén impedidas de participar. Una compañía privada de otro país podrá presentarse a la licitación siempre que no se encuentre sometida al control de un Estado y cumpla con el resto de los requisitos establecidos por el Gobierno. El punto central, entonces, no es el origen extranjero de una empresa, sino quién ejerce el control sobre ella.
¿Por qué el Gobierno incorporó esta condición?
La decisión forma parte de una política que el Gobierno de Javier Milei ya aplicó en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica.
Un criterio similar fue incorporado en la licitación de la Hidrovía y en el proyecto AMBA I de ampliación del sistema de transporte eléctrico. En ambos casos se buscó limitar la participación de compañías sujetas al control directo o indirecto de Estados soberanos.
En el caso del Belgrano Cargas, el objetivo oficial es que la concesión quede en manos de operadores privados. Se busca evitar que la infraestructura ferroviaria estratégica pase a estar controlada por empresas estatales extranjeras.
La medida adquiere una relevancia particular por los antecedentes de participación china en proyectos ferroviarios argentinos. El país asiático estuvo involucrado en acuerdos de financiamiento y obras de rehabilitación del Belgrano Cargas durante gobiernos anteriores, a través de empresas estatales como China Machinery Engineering Corporation (CMEC).
Una licitación bajo el esquema de “open access”
La denominada cláusula anti-China no es la única característica relevante del proceso. El Gobierno diseñó la privatización bajo un esquema de “open access” o acceso abierto. Esto significa que el concesionario tendrá a su cargo la infraestructura ferroviaria, pero las vías no serán de uso exclusivo de esa empresa: otros operadores podrán utilizarlas mediante el pago de un peaje.
De esta manera, quien obtenga la concesión administrará y mantendrá las vías, mientras que diferentes empresas ferroviarias podrán circular por ellas. El objetivo es introducir competencia en el transporte de cargas y evitar que la empresa que controle la infraestructura tenga, al mismo tiempo, un monopolio sobre la prestación del servicio.
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