El titular del CIN, Franco Bartolacci, afirmó que un fallo judicial exige un aumento salarial del 30% para garantizar el ciclo lectivo. Las autoridades esperan la respuesta de la administración central mientras mantienen el plan de lucha y la marcha federal.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) analizó la situación presupuestaria de las instituciones públicas tras una reciente resolución judicial. Franco Bartolacci, quien también preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), afirmó que el Poder Ejecutivo Nacional debe recomponer los sueldos en algo más del 30%. Asimismo, la medida contempla la actualización urgente de los distintos programas de becas para los alumnos del país.
Alcance de la resolución y plazos legales
El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir una medida cautelar en un plazo de cinco días. Por consiguiente, la decisión judicial exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 bajo apercibimiento de multas diarias. De igual forma, la resolución dispone ajustar los ingresos docentes y no docentes según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Las autoridades universitarias esperan que el gobierno nacional ejecute el incremento salarial pendiente antes del próximo miércoles. Además, el titular del CIN recordó que la Cámara y la Corte Suprema dejaron firme la medida cautelar anteriormente. De esta manera, el sistema académico busca recuperar la normalidad de sus actividades frente a las dificultades presupuestarias actuales.
Situación de las becas y medidas de fuerza
La intimación judicial también abarca la actualización por inflación de las becas Manuel Belgrano, Enfermería y Progresar. Según precisó Franco Bartolacci, el programa Progresar alcanza a 400 mil estudiantes en todo el territorio nacional sin aumentos desde septiembre de 2024. Por esta razón, el retraso porcentual de las asignaciones estudiantiles supera incluso al desfasaje de los salarios.
Por otro lado, los gremios mantienen la marcha universitaria para el 15 de octubre y evalúan la continuidad de los paros. De igual modo, los representantes de las casas de altos estudios aguardan una convocatoria formal por parte del Ejecutivo. Las futuras decisiones de la comunidad académica dependerán de la postura que adopte el Estado nacional frente al fallo.
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