El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, aseguró que el reciente fallo judicial que ordena al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario marca un punto de inflexión en el conflicto por los recursos para las casas de estudio públicas.
En declaraciones públicas, Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destacó el alcance de la resolución de la Justicia en segunda instancia, que ordenó al Poder Ejecutivo nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Para el también rector de la Universidad Nacional de Rosario, la decisión judicial “abre otro escenario” en medio de la tensión por el presupuesto.
El fallo sostiene que el Gobierno debe respetar el marco normativo vigente en materia de recursos para las universidades nacionales, en un contexto de fuertes recortes y denuncias de desfinanciamiento por parte de rectores, docentes y estudiantes. La resolución fue interpretada por el CIN como un respaldo a los reclamos del sistema universitario público.
“Si no hay convicción, que haya respeto a la ley”
Bartolacci planteó que, más allá de las diferencias políticas con el Gobierno nacional, existe una obligación básica de cumplir la ley. En ese sentido, remarcó que “si no hay convicción en sostener la universidad pública, al menos tiene que haber respeto al orden jurídico que garantiza su financiamiento”.
Desde el CIN vienen advirtiendo que el congelamiento presupuestario, sumado al impacto de la inflación en tarifas y salarios, coloca a muchas universidades al borde de la parálisis. El pronunciamiento judicial es visto como una herramienta clave para exigir que se actualicen las partidas y se garantice el normal funcionamiento académico.
La conducción del organismo que nuclea a los rectores considera que el fallo no solo tiene impacto económico, sino también institucional. Sostiene que refleja la importancia de la autonomía universitaria y del rol del sistema público en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la inclusión social en todo el país.
Impacto para las universidades nacionales
Con esta decisión, la Justicia refuerza la vigencia de las normas que fijan parámetros mínimos de inversión estatal en educación superior. Para las autoridades universitarias, esto puede traducirse en mayores certezas a la hora de planificar el ciclo lectivo, sostener carreras, programas de investigación y políticas de becas.
Bartolacci subrayó que el sistema universitario argentino es uno de los pilares de la movilidad social ascendente y recordó que las instituciones públicas forman a cientos de miles de estudiantes que no podrían acceder a la educación superior sin un fuerte respaldo del Estado. Por eso, insistió en que el financiamiento no es un gasto prescindible, sino una inversión estratégica.
Tras conocerse el fallo, el CIN evaluará los próximos pasos institucionales y no se descarta que impulse nuevas acciones de reclamo y diálogo con el Gobierno nacional para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario en todos sus términos.
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