En la primera votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Gerardo Werthein como canciller, Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Durante la primera votación de Gerardo Werthein como canciller en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Argentina fue el único país de los 168 presentes en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
El encuentro se llevó a cabo en Nueva York. Allí se discutió un escrito que propone la adhesión a la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones judiciales, de medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas. Se trata de una propuesta impulsada por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela. Lleva la firma de Alemana, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Honduras, Islandia, Noruega, Nicaragua, Perú y Suecia. Incluso recibió el apoyo de Estados Unidos.
Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia, en tanto, fueron las únicas siete abstenciones.
Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas: qué dice el documento
La resolución destaca la importancia de promover y cumplir los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a partir de la cooperación internacional para apoyar los esfuerzos realizados en el plano local y regional.
Además, destaca que los derechos de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales, así como a participar en la vida política, cultural, económica y social del Estado.
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, señala.
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